Pocos pensaban que la moción de censura presentada por el Partido Socialista el pasado 25 de mayo llevaría a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez el 1 de junio.

El nuevo líder del Ejecutivo logró sacar a Mariano Rajoy del poder sin presentar un programa político, económico o social; le bastó solo con los apoyos de una mayoría de los grupos de la oposición que votaron su alternativa.

En el contexto económico, Sánchez no ha podido, como prometió, desandar el camino del anterior Gobierno y, de hecho, recogió los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 recién aprobados por el PP y en contra de lo que había votado su formación. Además de las Cuentas, el mandatario también admitió que no podrá derogar la última Reforma Laboral aprobada por Rajoy en 2012 o la financiación autonómica por «falta de tiempo o de mayoría».

La agenda del nuevo Ejecutivo se ha ido desgranando poco a poco con novedades que abren las compuertas al gasto y la veda para subir impuestos a sectores como la banca, la economía digital o a las rentas más altas del trabajo y del capital. 

Se trata de unas soluciones fáciles, con un gran golpe de efecto electoral y muy enfocadas a los siguientes comicios nacionales que tendrán lugar dentro de dos años y que pretenden apuntalar un sistema que adolece de ingresos y padece  un aumento constante de políticas sociales, que repercuten en un mayor incremento del gasto en un momento donde la deuda pública está en máximos históricos con 1,144 billones de euros que equivalen al 98,08% del PIB nacional.

El plan de Sánchez no convence a las entidades financieras, a las que se anunció un incremento del 8% de la base imputable en el Impuesto de Sociedades para hacer frente a la subida de las pensiones, ni a las compañías tecnológicas ni, por supuesto, a las rentas más altas después de conocer que el PSOE pretende destopar el máximo de cotización en concepto de IRPF a la Seguridad Social que actualmente está en 45.000 euros. Los trabajadores cuyos ingresos están por encima de esta cantidad lamentan que se hable solo de subir el tope pero no de potenciar también la base máxima de sus pensiones que actualmente está en 36.000 euros, unos 2.571 euros al mes.

Con la llegada del nuevo Gobierno, la patronal ha firmado con gran celeridad un acuerdo salarial con los sindicatos que ha estado estancado durante los últimos años con el PP, pese a los constantes llamamientos de la exministra de Empleo Fátima Báñez pidiendo subir las retribuciones y que las empresas extendieran sus beneficios a la clase trabajadora que sufrió la crisis con duros ajustes laborales. 

Finalmente, los empresarios han accedido a un alza de un 2% fijo más un 1% variable en función de aspectos como la productividad. En este sentido, también se acordó llegar en 2020 a un Salario Mínimo Interprofesional de 14.000 euros netos en 14 pagas, lo que significa una importante mejora no solo para los trabajadores, sino también para las arcas públicas que verán elevar su recaudación impositiva y afrontar con mayor soltura las partidas para pensiones, empleados públicos, sanidad o educación, entre otras.

En este contexto de tratar de equilibrar activos y pasivos, el primer hito que afronta el Ejecutivo antes de que finalice julio es dar luz verde a un techo de gasto que permita a las administraciones del Estado garantizar la estabilidad de los Presupuestos. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas con un déficit en 2018 de un 2,2% del PIB y un 1,3% en 2019, lo que significa contener el gasto o incrementar los ingresos con una mayor tributación. 

Queda también en el tintero el tema de las pensiones. El PSOE y la mayor parte de los grupos de la oposición pretende ligarlas a la subida anual del IPC y, dado que necesita llegar a un consenso con el PP, que ahora se encuentra inmerso en un proceso interno para elegir al presidente de su partido, han confirmado que van a esperar a ver quien resulta elegido para volver a sentarse y alcanzar una aprobación mayoritaria sobre el Pacto de Toledo.