Hasta el año 1986, la provincia contaba con tres parques municipales de bomberos, que se ubicaban en Ciudad Real, Tomelloso y Puertollano. Los tres, municipios con más de 20.000 habitantes. Fue en ese mismo año cuando vio la luz lo que hoy se conoce como el Consorcio Emergencia Ciudad Real 1006, aunque no fue hasta un año más tarde, en julio de 1987, cuando empezó a funcionar. Hoy, 27 años después, su propósito sigue siendo el mismo, aumentar la seguridad no policial de la provincia. Para ello, a los tres parques se sumaron seis más. Valdepeñas y Alcázar (ciudades que superan los 20.000 habitantes) y Almadén, Daimiel, Villanueva de los Infantes y Manzanares, estos cuatro últimos municipios con menos de 20.000 vecinos. En total, nueve parques.
Su creación fue una idea «modélica». Era la segunda vez en España que se creaba un servicio de estas características. El primero se puso en marcha en Galicia. Fuentes cercanas al Servicio de Emergencia Ciudad Real 1006 aseguran que de esta forma se integraron al consorcio todos los pueblos, sin distinción de número de habitantes, por lo que «en el momento que había cualquier siniestro en el pueblo más apartado de la provincia, llegaba un camión de bomberos y una UVI móvil (el servicio sanitario se traspasó años más tarde al Sescam)». Antes de su fundación, era el gobernador provincial quien determinaba el parque de bomberos que se desplazaba al lugar del suceso y cuántos medios se utilizaban. En esa época, las responsabilidades caían en los alcaldes de las tres localidades con parque (Ciudad Real, Tomelloso y Puertollano). Hoy, el máximo responsable es el propio Consorcio, desde donde se decide, a través de su centralita, los efectivos necesarios que deben enviarse a cualquier rincón de la provincia. Su fundación fue «un boom en cuanto a eficacia».
Hasta la fecha, la Diputación y los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes colaboran económicamente en el mantenimiento del consorcio para la prestación de este servicio, pero la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el pasado 1 de enero promovida por el Gobierno popular de Mariano Rajoy, califica ahora esta competencia como «impropia» y deja en manos de las diputaciones provinciales las competencias de la prevención de incendios en municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, por lo que «excluye este servicio entre los obligatorios para dichos municipios».
Cuatro meses después de su aprobación, la ley va a traer importantes cambios para los consorcios, al menos, en el tema de la financiación. Ahora, amparándose en la nueva ley aprobada por el Partido Popular, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes podrían solicitar la baja del consorcio de acuerdo con el artículo 38.1 de los estatutos, manteniendo la Diputación provincial la obligación de prestarles dicho servicios, lo que supondría para ayuntamientos bajo el rango poblacional que exige la ley un «importante» ahorro económico para sus arcas.
La nueva ley ha enfrentado al PP y al PSOE. Mientras el Partido Socialista rechaza la reforma local al entender que compromete el futuro del consorcio de bomberos, el Partido Popular argumenta que el objetivo de la normativa es que «todas las administraciones, consorcios, empresas mixtas... funcionen bajo los criterios de sostenibilidad», es decir, «que sean económicamente viables». En este sentido, y en virtud a la ley, Emergencia Ciudad Real tendrá que mostrar en los próximos años su viabilidad económica, ya que de contar con déficit presupuestario, «terminaría desapareciendo». Así lo explica a La Tribuna el portavoz del Partido Popular en la Diputación, David Marín, quien asegura que ahora lo que urge es crear una comisión para abordar la adaptación de los estatutos del consorcio a la nueva normativa y ver las fórmulas de financiación.
Desde el consorcio aseguran que en los próximos días la comisión mantendrá su primera reunión. Estará formada paritariamente por los dos partidos con representación en la Diputación, PSOE y PP. La idea es que participen alcaldes o concejales, de un partido y de otro, tanto de los pueblos de más de 20.000 vecinos como de los de menos, además del presidente y el vicepresidente.
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