agencias / parís

Ya lo avisó cuando fue elegido por François Hollande y lo volvió a advertir cuando recibió la confianza del Parlamento. El primer ministro francés, Manuel Valls, tiene en mente un amplio programa de reformas para el país. Y, pese a que hace unas semanas dio unas pinceladas de cuáles serían sus medidas para ahorrar 50.000 millones de euros entre 2015 y 2017, ayer detalló las primeras en firme.

El premier anunció que congelará los salarios de los funcionarios, las pensiones y las prestaciones sociales, salvo las mínimas, aludiendo a que los retos del Gobierno galo son relanzar la economía nacional y hacerla más justa, devolviendo el poder de compra a los trabajadores, así como reducir el objetivo de déficit, ya que, según aseguró, el país no puede «seguir viviendo por encima de sus posibilidades».

En este sentido, señaló que hacer ajustes implica hacer elecciones y respetar los compromisos adquiridos, lo que es la base de «la credibilidad y la confianza». Además, rebajar la deuda supone lograr margen de maniobra para invertir y preparar el futuro. «Es también asegurar la permanencia de nuestro modelo social y modernizar nuestros servicios públicos», añadió Valls, quien remarcó que los esfuerzos a realizar serán «justos», porque se repartirán de forma «equitativa» y beneficiarán a todos. 

En concreto, de los 50.000 millones de euros que comprende el plan de ahorro, 18.000 corresponderán al Estado, que debe «reducir más su tren de vida», y 11.000 a las administración locales. Por su parte, se recortarán 10.000 millones en Sanidad y 11.000 en medidas de protección social. 

Según informó el primer ministro, este programa de estabilidad, que es el «camino hacia la recuperación de Francia», se estudiará en el Consejo de Ministros del próximo 23 de abril con el fin de remitir a la Asamblea Nacional para su votación el 30 de abril. 

Respecto a las medidas concretas, el premier afirmó que el Ejecutivo debe ser «eficaz» y no malgastar el dinero público, por lo que tanto los ministerios como las agencias públicas continuarán reduciendo su nivel de gastos. Asimismo, se congelará el salario de los funcionarios, ya que la situación obliga a pedirles que se «sumen al esfuerzo común». Sin embargo, Valls aseguró que no se adoptarán más medidas excepcionales. Se seguirá con la reducción del personal en los departamentos, excepto en Educación, Seguridad y Justicia, donde se mantendrán los aumentos previstos. 

En lo referente a la Sanidad, se incrementarán las reformas estructurales ya anunciadas anteriormente. En concreto, se busca organizar mejor los protocolos sanitarios, mejorar el gasto en medicamentos y reducir el número de intervenciones innecesarias. 

Por otro lado, de los 11.000 millones de euros que se ahorran en política social, 3.000 millones se lograrán con medidas ya adoptadas, mientras que la Seguridad Social hará ajustes por valor de 1.200 millones de euros. 

Valls informó de que, aunque está descartado totalmente una reducción de las prestaciones sociales y las pensiones, en el «contexto excepcional actual» no se revalorizarán al menos hasta octubre de 2015, salvo en el caso de las más bajas, que continuarán aumentando al mismo ritmo que la inflación.