La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía concluye en un informe, que se conoció ayer, que «con la información de la que se dispone en estos momentos» no es posible establecer «una vinculación directa» entre las supuestas donaciones al Partido Popular (PP) que realizaron las empresas referidas en la presunta contabilidad B del extesorero Luis Bárcenas y los contratos que obtuvieron esas mismas compañías de las Administraciones Públicas.
Las Fuerzas de Seguridad han analizado las aportaciones económicas a los populares que, según los papeles entregados a la Justicia por el que fuera también senador, realizaron 15 constructoras que obtuvieron contratos públicos entre 2002 y 2009 por valor de 7,5 millones de euros. Una relación que, en caso de haberse demostrado, probaría un supuesto delito de cohecho que, sin embargo, la Policía, descarta con los datos de los que dispone en la actualidad.
El documento, remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco de la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP, precisaría de «un conjunto de elementos cuantitativos, subjetivos y temporales que permitan llevar a cabo una inferencia lógica a partir de los mismos», como se ha conseguido demostrar, según la UDEF, en la pieza principal del caso Gürtel en relación con las comisiones pagadas por las adjudicaciones que recibieron las empresas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.
La Policía detalla que empresas como Licuas y Aldesa obtenían más del 80 por ciento de las adjudicaciones de contratos públicos de Administraciones gobernadas por el PP; Assignia y Asedes entre el 50 y el 80 por ciento; y Bruesa, FCC, OHL y Sacyr entre el 30 y el 50. Entre las que obtenían menos del 30 por ciento de las adjudicaciones se encuentran Azvi, Cyopsa, Degremont, Romero Polo, Rubau, Sando y Sorigue.
Sin embargo, pone de manifiesto que se trata de una situación lógica ligada a la realidad que vivía el país durante los años investigados. «El número de contratos y el volumen de adjudicación han seguido con carácter general la evolución de la licitación pública en esos años, presentando un crecimiento en sus valores desde 2002, si bien a partir de 2008 se observa una reducción que se acentúa en el año 2009», apunta.
Así, el informe hace hincapié en que el sector de la construcción ha experimentado «una senda de fuerte crecimiento desde los años 90 incrementando su participación en el conjunto de la economía nacional». «Este hecho ha estado correlacionado de forma directa con los procesos de desarrollo de infraestructuras emprendido desde las administraciones públicas», sostiene.