El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por Elcogas contra la orden del Gobierno sobre la tarifa eléctrica para 2011, que excluyó la financiación del plan de viabilidad de la empresa por la que había recibido en los cuatro años anteriores una aportación a fondo perdido de 252 millones de euros con cargo a la tarifa eléctrica. Así, la sentencia sostiene que estos pagos de 252 millones de euros realizados en el cuatrienio 2007-2010 a la empresa no estaban autorizados y rechaza la pretensión de Elcogas de volver a ser financiado con cargo a la tarifa eléctrica, o subsidiariamente a ser indemnizado por el Estado en ese concepto.
En su sentencia, la Sala Tercera del Supremo confirma que esa financiación tenía carácter de ayuda estatal, de acuerdo a la respuesta recibida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que el Alto Tribunal elevó una consulta en ese sentido el 22 de abril de 2013 dentro de este procedimiento. De acuerdo al artículo 107.1 del tratado de la UE, son incompatibles con el mercado interior las ayudas estatales a determinadas empresas o producciones en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre estados miembros y que falseen o amenacen falsear la competencia. En ese sentido, la sentencia indica que, aparte de ser ayudas estatales, el dinero que se derivó a Elcogas le supuso «una innegable ventaja competitiva sobre las demás empresas del sector, que no disponían de aquella financiación estatal privilegiada».
Así, el Supremo considera que esa ayuda selectiva fue cuando menos «un potencial falseamiento de la competencia, pues fortaleció la posición financiera de Elcogas en relación con el resto de sus rivales, privados de este mismo beneficio». Además, señala que el régimen de ayudas con fondos estatales proyectado «tenía aptitud suficiente para, en principio, incidir sobre los intercambios comerciales entre estados miembros, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». El régimen de ayudas benefició selectivamente con fondos estatales a una relevante central de producción de energía dentro del sistema eléctrico español, añade.
NORMATIVA. El Ministerio de Industria comunicó a los sindicatos que componen la Mesa de la Energía que antes de que acabe este mes se aprobará la normativa del carbón que sustituirá al Real Decreto de restricciones por garantía de suministro, que expiró el 31 de diciembre de 2014, de la cual depende la central térmica GICC de Elcogas para su viabilidad futura. Desde el comité de empresa confían en que finalmente esta medida entre en vigor «lo antes posible», si bien recelan de las compromisos del Ministerio habida cuenta que en diciembre se dijo que la nueva normativa estaría para enero.