La Asociación Provincial de Empresarios de Automoción (APEA) acordó durante su última junta directa trasladar oficialmente a los sindicatos su intención de crear para el año próximo un convenio colectivo específico para los cerca de 3.000 trabajadores ciudadrealeños de este sector que hasta la fecha se venían acogiendo al marco laboral del metal, según ha podido conocer La Tribuna. En este sentido, desde APEA, integrada en la Federación de Empresarios de Ciudad Real (Fecir), se confirmó que su intención es poner en marcha un marco laboral «más específico» con la intención de regular de una forma más ajustada a la realidad las condiciones laborales de los profesionales de talleres de reparación y recambios.
Así, Miguel Ángel Rivero, como miembro de la comisión gestora encargada de la gestión de la Asociación Provincial de Empresarios de Automoción, subrayó que en la actualidad el convenio del metal contempla aspectos muy amplios que tienen «poco que ver» con las funciones que lleva a cabo el personal directamente relacionado con el sector de la automoción. Del mismo modo, Rivero avanzó que la intención de la patronal es que el citado convenio pueda entrar en vigor en 2015, por lo que apostó por establecer un diálogo fluido con los sindicatos.
No obstante, reconoció que no será una tarea fácil y que estos «están cómodos con el convenio colectivo de siderometalurgia, por lo que ahora serían reticentes si se les abre un nuevo frente» de cara a la negociación colectiva. Aun así, confió en que la propuesta de APEA «pueda llegar a buen puerto» y subrayó que «aunque los sindicatos tengan un punto de vista y la patronal otro, seguro que nos entendemos».
Aunque las líneas básicas del cita convenio todavía no se han fijado, desde la organización se comentó que la intención es que los empresarios de la provincia puedan plasmar en él las «necesidad específicas» de sus trabajadores y de un sector que, pese a la situación económica actual, sigue siendo fuerte al aglutinar a unos tres millares de trabajadores. Eso sí, sobre la mesa está la problemática de la economía sumergida y la competencia desleal, uno de los principales puntos negros para unos profesionales que, según se informó desde APEA el pasado mes de agosto, han visto como los talleres ilegales se triplicaban desde el inicio de la crisis.
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