Lo intentó no hace mucho la Inspección de Trabajo, que acabó por dar marcha atrás a la medida, pero parece decidido a aplicarlo el Gobierno: los trabajadores deberán fichar, salvo contadas excepciones, a la entrada y salida del trabajo para controlar su horario laboral. Es, al menos, una de las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido en su borrador para la reforma del Estatuto de los Trabajadores, y que se ha encontrado con el aplauso de los sindicatos y la oposición frontal de la patronal. Los unos creen que la medida servirá para poner coto a las horas extraordinarias que no se retribuyen a los trabajadores, alrededor de 18.800 semanales en la provincia de Ciudad Real según la Encuesta de Población Activa, mientras que los otros ya han mostrado su rechazo frontal a la norma.
Las cifras primero. Los sindicatos esgrimen las cifras de la EPA en todo el país para hablar de la idoneidad de la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «En todo el país se hacen 6,8 millones de horas extra semanales y el 44 por ciento no son retribuidas al trabajador ni económicamente ni por descanso», dijo José Manuel Muñoz, que aseguró que en la región el número de horas extra son 236.104, «y el 38 por ciento de ellas son sin retribuir». Según las cifras de la EPA consultadas por La Tribuna, en la provincia se hacen semanalmente 65.200 horas extra, de las cuales al menos 18.800 no son remuneradas ni retribuidas en descanso al trabajador (EPA primer trimestre). Esas cifras suponen que esas horas extraordinarias no pagadas suplen en la provincia la contratación de 470 personas con jornada completa de 40 horas semanales.

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