Gran expectación ante el comienzo de uno de los casos más mediáticos y todo un hito en el contexto judicial español. La fiscal Anticorrupción Carmen Laúna destacó ayer en el inicio del juicio por la salida a Bolsa de Bankia que los acusados eran «conscientes» de que en la información que aparecía en el folleto sobre el debut bursátil de la entidad financiera en julio de 2011 se «ocultó el estado real» de las cuentas, perjudicando así a los inversores, motivo por el que declaró que no descarta en su acusación definitiva incluir también el delito de falsedad contable. 

Laúna, que asistió acompañada por el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón que fue el encargado de esta causa durante la instrucción, realizó una serie de «precisiones» con el fin de «evitar futuras alegaciones de indefensión por errónea interpretación». 

La Audiencia Nacional busca determinar si hubo irregularidades en el proceso por el que se captaron 3.000 millones de euros. El Ministerio Fiscal, que solo acusa a cuatro de las 34 personas físicas y jurídicas que se sientan en el banquillo, declaró ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que los responsables de Bankia en aquel momento «contribuyeron» y eran «conscientes» de que en dicho folleto se «ocultaron el estado real» de las cuentas para «provocar un desplazamiento patrimonial de los inversores». 

La acusación señalo que el escrito de calificación vigente en este momento es provisional y que será una vez practicadas las pruebas y realizados los interrogatorios cuando su acusación sea definitiva, pudiendo ser modificada. Así, avisó de que «cabría la modificación» y que los «hechos podrían ser subsumible en el delito de falsedad contable», como sí apuntan las otras acusaciones a Rato y otras de las personas sentadas en el banquillo. 

Los auditores se negaron a firmar las cuentas de 2011 de Bankia y el Gobierno y el Banco de España decidieron entonces sustituir a Rato por José Ignacio Goirigolzarri, quien reformuló las cuentas con un resultado que de dar unos beneficios de 300 millones se pasó a pérdidas de más de 3.000 millones.

El juez instructor Fernando Andreu propuso juzgar a 32 personas, a Bankia y a su matriz BFA, por el delito de falsedad en las cuentas anuales en los años 2010 y 2011 y por fraude de inversores. Mientras, el Ministerio Público decidió acusar solo a Rato y tres de sus directivos, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons, por el último de estas conductas penales. 

Ignacio Ayala, abogado de Rodrigo Rato, solicitó al tribunal poder aportar los informes que acreditan que Rodrigo Rato adquirió más de 66.000 acciones cuando la entidad salió a Bolsa en 2011, con el objetivo de acreditar que confiaba en la operación que protagonizaba. 

Por último, y como propusieron el resto de abogados de los acusados, solicitó al tribunal que exima a su cliente de asistir a las sesiones en las que no sea necesaria su presencia, una vez que ya haya prestado declaración. Está previsto que la vista oral se prolongue hasta el próximo junio.