Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Ejecutivo del archipiélago, Pilar Costa, en rueda de prensa, donde ha asegurado que el objetivo es "que se pueda pagar dentro de este mismo ejercicio presupuestario" dicha sentencia.
El juez concursal del proceso de venta del aeropuerto de Ciudad Real, Carmelo Ordóñez, dictó esta semana providencia por la cual da cuenta de un escrito presentado por la adjudicataria provisional, CR International Airport (CRIA), que contiene una sentencia del Tribunal Supremo de la pasada semana por la cual se declara firme una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que condenaba al Gobierno de esa Comunidad Autónoma a pagar 87 millones de euros --65 de principal más intereses acumulados desde mayo de 2009-- a la administración de la empresa.
En la providencia, recogida por Europa Press, se explica que junto a esa resolución judicial, CRIA aporta también escritura notarial de reconocimiento de deuda y de cesión del crédito para pago del precio pendiente de pago del aeropuerto, 53 millones de euros, más las cantidades adeudas, según lo acordado en los autos de 23 de abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018.
En su escrito presentado al Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real, CRIA, ofrece la cesión del crédito que ha obtenido de la condena dineraria dictada por el TSJ de Baleares para pagar la totalidad del precio de compra del aeropuerto de Ciudad Real.
De ser aceptada la propuesta de pago hecha por CRIA, el Magistrado dictará el 17 de julio de 2018 auto que supondrá la finalización definitiva del proceso de venta de la infraestructura aeroportuaria a la adjudicataria provisional, con la firma de la escritura notarial de compraventa en fecha 18 de julio de 2018.
En la misma Providencia, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real señala que si se aceptara la propuesta de pago hecha por CRIA, esto es con cargo al crédito derivado de la sentencia firme del TSJ de Baleares, el concurso quedaría subrogado en dicho crédito y en su ejecución, pago que se tendría que llevar a cabo por parte de la Comunidad Autónoma de Baleares en un plazo de cuatro meses, según la ley sectorial.