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Justicia

La lucha contra la privatización del Registro Civil se recrudece

Pilar Muñoz - viernes, 21 de febrero de 2014
Concentración en la puertas de los juzgados de Ciudad Real - Foto: /Fotos Rueda Villaverde
Las centrales sindicales y trabajadores de la Administración de Justicia se concentran en las puertas de los Juzgados de Ciudad Real en defensa de un servicio público y gratuito

La lucha de las centrales sindicales de Justicia contra el titular de la cartera Alberto Ruiz-Gallardón, ante la privatización del Registro Civil se ha recrudecido al conocer mediante la carta enviada por el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, a sus afiliados que van a asumir la gestión del Registro Civil. Tenían la mosca detrás de la oreja y la misiva del máximo responsable de los registradores ha despejado cualquier duda.
Según se dice en la misiva, se van a encargar de la competencia con «plena capacidad auto-organizativa» en su organización territorial, material y tecnológica de acuerdo a la ley. Así lo aseguraron ayer visiblemente indignados, a la cabeza de una sonora protesta en la puerta de los Juzgados de Ciudad Real, el presidente autonómico de Justicia de CSI·F, José García; la presidenta de la Junta de personal y responsable del STAJ, Carmen Romero; y Josefa Cabello, de UGT.
Recordaron que el Registro Civil se ocupa de trámites tan diversos como las certificaciones de matrimonio, nacimiento, defunciones o fe de vida, «hasta ahora gratuitas», para, a renglón seguido, añadir que dejaran de serlo con la privatización. El ciudadano tendrá que «pasar por caja» y en algunos casos va a salirle el doble de caro dependiendo de donde resida por mucho que se asegure desde el Ministerio de Justicia que va a seguir siendo gratuito y que se podrán realizar estas gestiones a vía telemática, a través de internet. «Olvidan a aquellas personas mayores que viven en pueblos alejados sin acceso a estos medios que se van a ver obligados a acudir a una gestoría para que les resuelvan el papeleo», aseguró José García.
Abundando en esta línea, Carmen Romero se refirió a las agrupaciones de los Juzgados de Paz  poniendo el acento en estos empleados cuyo trabajo consiste principalmente en funciones de Registro Civil. Al hilo de ello, señalaron que si se privatiza se van a ver afectados unos 100 trabajadores, un quinto del censo. Así las cosas, tras remarcar que «esto se ha hecho a espaldas de los representantes de los trabajadores, cuantas otras cosas, cuantas sorpresas más nos esperan».

(Más información en la edición impresa)

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