El Tribunal de Justicia Superior de las Islas Baleares ha comunicado ya al Juzgado de Primera Instancia y de lo Mercantil número 4 de Ciudad Real la firmeza de sentencia relativa al caso de las indemnizaciones por la recalificación de unos terrenos en Punta Pedrera (Ibiza) en las que el propietario de Ciudad Real Airport International (CRIA), Rafael Gómez Arribas, tiene unos derechos de cobro de unos 87 millones de euros. Esta fórmula elegida por el magistrado Carmelo Ordóñez para el pago del aeropuerto de Ciudad Real va cogiendo forma pues el TSJbalear ya ha hecho efectiva la sentencia una que el Tribunal Supremo no admitió a trámite impuesto por el Ejecutivo de Islas Baleares.
Ésta era una de las dos condiciones en las que el magistrado sustentaba su auto para la firma de las escrituras de toda la unidad aeroportuaria de la concursada CRAeropuertos. Según fuentes del propio TSJIslas Baleares, esa comunicación ya se ha trasladado. Ahora falta que el Gobierno de esa comunidad autónoma responda por escrito al juez ciudadrealeño para aceptar el pago de la condena dineraria y que «garantice que el pago total de las cantidades se haga antes del 31 de diciembre de 2018, y en todo caso no más tarde del 31 de diciembre de 2019, a fin de no perjudicar los intereses del concurso».
La intención de CRIAes que estos trámites se cierren cuanto antes y si es posible tener todo completado en el mes de agosto pese a la inactividad en los juzgados y la menor carga en la notaría. Según fuentes cercanas a la empresa, la idea es tener en septiembre todo listo. Desde el Gobierno presidido por Francina Armengol señalaron a La Tribuna de Ciudad Real que este asunto está ya en trámite y sigue en pie la intención de realizar el pago «este año» si bien indicaron que no solo es una cuestión de la Consejería del Territorio, Energía y Movilidad ya que también atañe a la de Hacienda y Administraciones Públicas.
trámites con aesa y afis. En el momento de conocerse la decisión del Supremo, el Ejecutivo balear ya mostró la intención de hacer efectivo el pago a través de los fondos de contingencia en este mismo 2018. Sin embargo, no será tan rápido como desearía tanto el juzgado ciudadrealeño, que por ello solicitó una comunicación de confirmación para poder transferir la propiedad a CRIAen el menor tiempo posible.
Esta última decisión casi sobre la bocina del último plazo dado por Ordóñez ha hecho que se reactiven todos los procedimientos que la adjudicataria tenía abiertos con diferentes organismos oficiales. Por ejemplo, con la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para conseguir la licencia de apertura una vez que se tiene el visto bueno de la Comisión Interministerial de Defensa y Fomento para el cambio del espacio áreo de la base militar de Almagro así como los permisos para abrir la infraestructura en con el sistema AFIS, es decir, sin controladores.