Algunas variedades de aceituna ya se han empezado a varear, pero todavía falta el grueso del olivar de la región por recoger. Por eso el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos,  ha convocado la reunión de flujos migratorios para coordinar por primera vez la campaña de temporeros para la varea. Habitualmente esta reunión se realiza sobre todo para abordar la vendimia, que es la campaña agrícola de la región que más movimiento de mano de obra requiere, pero el delegado cree que  también ha llegado el momento de aplicar esta estrategia con el olivo.

González Ramos salió en medio de una reunión en la que no cabía más gente en la mesa, entre representantes de sindicatos, organizaciones agrarias, administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De hecho, contó que desde su llegada a la Delegación este verano se ha incorporado también a la Guardia Civil. Explicó que para la campaña de aceituna se quiere coordinar el trabajo para defender los derechos laborales de los temporeros con otra preocupación que hay en el campo ante los robos.

«El objetivo que pretendemos no es otro que, entre otras cosas, defender el patrimonio y que haya menos robos y delitos en el campo, y defender los derechos laborales de los trabajadores, que la sociedad se sienta mejor protegida», expuso. González señaló que eso se conseguirá «coordinando este trabajo, que lo vamos a intensificar en esta recolección de la oliva y lo vamos a adaptar las campañas agrícolas del año que viene».  

El delegado comentó que quizá habría que cambiar el nombre de la reunión, en alusión a que ya no hay que coordinar tantos flujos migratorios como en los años en los que tenían que venir temporeros de países no comunitarios, o que estaban en período transitorio como ocurrió algunas temporadas con rumanos y búlgaros.

 «Efectivamente había que tener reuniones específicas para articular los flujos necesarios de mano de obra, que se supieran las necesidades a priori y organizar esa mano de obra en los países de origen». Ahora la situación ha cambiado y el tema de estas reuniones se centra más en la contratación. «Muchas de las personas que trabajan en el campo viven y residen en nuestros municipios y otros muchos vienen a las campañas de ajo, vendimia y aceituna», expuso, «no es necesario articular esos flujos migratorios».

La reunión de sirvió también para analizar los datos de la gran campaña agrícola de la región: la vendimia. Entre septiembre y octubre hubo 85.000 afiliaciones al régimen agrario y de ellos, el 45% son de origen extranjero, tanto de la Unión Europea como de países terceros.

González Ramos subrayó que «el agricultor, por los datos que nos da la propia Inspección del Trabajo cumple y cumple muy bien». Aseguró que las infracciones detectadas son «mínimas», pero que hay que seguir vigilantes.

Pide la colaboración ciudadana para que denuncie

Al delegado del Gobierno en la región no se le olvida la imagen de los colchones putrefactos en los que ha visto que dormían los temporeros  o las granjas abandonadas en las que se hacinaban. «Son condiciones que no tienen nombre, no me sale», reconoció ante los medios en un receso de la reunión sobre flujos migratorios. Por eso pide la colaboración de toda la sociedad para poner coto a estas situaciones que, aunque excepcionales, se siguen produciendo en la región.

«La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo no tenemos la varita mágica», reconoció. Sin embargo cuestiona que haya quien conozca que eso se está produciendo y no se denuncie. Por eso apeló a la implicación de los ayuntamientos, los sindicatos, organizaciones agrarias o a la de los propios arrendatarios. «¿Es capaz de consentir el propietario del inmueble esa situación? ¿es capaz de firmar un contrato en el cual no tienen condiciones de habitabilidad?», preguntó.

También quiere implicar al ciudadano de a pie. «La gente lo estará viendo», concluye. Por eso espera que «cuando detecta algo, sea de llamar al teléfono más inmediato que tenga». Insistió en que es un deber de toda la sociedad «por obligación moral».