La tregua firmada entre Castilla-La Mancha y Moncloa en la guerra por el agua parece que ha llegado a su fin. Y es que, si bien el Gobierno regional sigue valorando el «cambio de actitud» de Madrid con la llegada de Pedro Sánchez al poder, se ha cansado ya de que solo haya buenas intenciones y exige cada vez en un tono más alto cambios legales de calado.

Básicamente, lo que pide Castilla-La Mancha es la derogación del Memorándum del Tajo Segura y la aprobación de unas nuevas reglas de explotación del trasvase. Sin perder de vista la promesa de que las desaladoras del Levante funcionen al cien por cien en 2020. Como advierte la consejera de Fomento, Agustina García Élez, «no se puede ser ecologista a tiempo parcial», apuntando con estas palabras directamente al presidente del Gobierno y a su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Tras el shock que ha supuesto la aprobación el pasado lunes de un nuevo trasvase del Tajo al Segura de 38 hectómetros cúbicos, la Junta replica ahora exigiendo «valentía» al Gobierno central y buscando aliados dentro de la región. Alianzas que tienen que pasar sí o sí por el PP para tener fuerza en el ámbito nacional.

Es por ello que el presidente de Castilla-La Mancha quiere reunirse la semana que viene con el nuevo líder del PP en la comunidad, Francisco Núñez, con el fin de avanzar en una postura común en torno al agua, según informa García Elez. De producirse, sería el segundo acercamiento entre ambos en poco más de un mes.

No obstante, no se le pone fácil esta alianza a los ‘populares’, ya que se les exige como condición sine qua non la derogación del Memorándum del Tajo-Segura. Un documento que fue firmado la pasada legislatura por el Ejecutivo de Rajoy con los Gobiernos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia y Murcia, entonces todos ellos del PP, y que automatizó el actual modelo de trasvases.

O lo que es lo mismo, que cada vez que se llega a un cierto tope de agua en los pantanos de cabecera, se trasvasa una determinada cantidad, exista o no necesidad en el Levante. Unas reglas que para la actual Junta de Comunidades «son abusivas con el Tajo» y que han provocado que el río se haya convertido «en una cloaca» a su paso por ciudades como Toledo o Talavera.

El Ejecutivo socialista sustenta esta afirmación en un dato: desde que están en vigor el Memorándum, el 84% del año los pantanos de cabecera -Entrepeñas y Buendía- están en situación de emergencia o alerta.

El ejemplo está en el último trasvase. Ha sido llegar los embalses a los 605 hectómetros cúbicos (nivel 2 o ‘prealerta’), y derivar automáticamente al Levante 38 hectómetros cúbicos, dejando a Entrepeñas y Buendía otra vez en nivel de ‘alerta’.

En definitiva, «el trasvase de ayer tiene un responsable, quien lo autoriza, y un culpable, el Memorándum», sentencia la consejera.

Con todo, la Junta ha remitido una nueva misiva al Ministerio de Transición Ecológica exigiendo que se tomen medidas. Entre ellas, el ya citado cambio en las reglas de explotación de trasvase, para aumentar los desembalses al Tajo, y la reincorporación de Castilla-La Mancha a la Comisión de Explotación del Trasvase, «de donde nos echó Rajoy en abril de 2015».

Exigencias que han ido acompañadas esta vez por un informe elaborado por Medio Ambiente alertando de los daños medioambientales que está provocando el trasvase en el Tajo medio. Se trata, como avanza la consejera, de aportar  criterios «más ecológicos».