Las organizaciones agrarias presentes en el sector del vino en la región piden a la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que medie «de forma activa» ante el Ministerio y proponga «alternativas»para evitar que se aplique el borrador del real decreto que establece una destilación obligatoria de cuatro millones de hectolitros de vino sin indicación geográfica, y que UPAseñala que recaería casi en su totalidad «en bodegas de la región». Ayer, Cooperativas Agro-alimentarias, la Federación de Vinos, Alcoholes y Mostos (Fevin)y Unión de Uniones (UdU) subrayaron su rechazo a una medida que, desde su anuncio, «ha provocado un grave deterioro en el mercado».

Agro-alimentarias ya había anunciado siete días antes su rechazo frontal al texto que marca la destilación obligatoria de vino sin indicación geográfica (blanco y tinto) en función de las existencias declaradas en bodega el próximo 31 de julio. Ayer, ese rechazo fue más allá y la interpelación a la Consejería de Agricultura y a su titular, María Luisa Soriano, fue directa:le piden que «presente alternativas de forma activa y actúe ante el Ministerio defendiendo los intereses del sector vinícola de la región». La destilación, añade la organización, «no hace sino alejarse de su objetivo principal, que era calmar y corregir el mercado».

Fevin, que aglutina a más de 150 bodegas en la región, secundó de manera pública este rechazo en el día de ayer, al entender que esta destilación «supondrá una penalización a las bodegas que pagaron ya las uvas, y que incurrirían en pérdidas», extendiendo la problemática actual «a la próxima campaña, que se iniciaría con mucha incertidumbre». Por eso, solicitan a la Consejería de Agricultura «que intermedie ante el Ministerio para evitar la aplicación de esta medida».

UdU. La crítica de UdU va más allá. Creen que el Ministerio y la Consejería adolecen «de planificación estratégica en un sector de interés económico y social como el del vino», ya que la destilación acarrearía un coste a las cooperativas y bodegas que éstas «acabarían repercutiendo sobre los viticultores, ya sea en las liquidaciones pasadas o en el precio de la próxima campaña». Por eso, pide que el Ministerio «no trate de encubrir con la Interprofesional» su «incapacidad para apoyar al sector en una situación crítica».