Los colapsos en las Urgencias de algunos hospitales de la región han sido constantemente denunciados por elPSOE durante los años que ha estado en la oposición. Este problema ha pasado ahora, según palabras del presidente Emiliano García-Page, a ser una de las prioridades de su Gobierno y al que quiere hacer frente más pronto que tarde. Es por ello que ayer, durante un desayuno informativo en Toledo, anunció la apertura inmediata de diez camas en el Hospital Virgen de la Salud de la capital regional y de otras diez en el Hospital La Mancha Centro, en Alcázar de San Juan. «La apertura de camas es una prioridad absoluta y, por ello, el consejero tiene instrucciones precisas para ello», explicó.

Además, el presidente avanzó que la próxima semana se va a poner en marcha un mecanismo automático que se encargará de supervisar las necesidades de personal o apertura de camas en los servicios de Urgencias de la región, de manera que en caso de que sea necesario hacer contrataciones, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) pueda hacerlo de manera autónoma.

«Este sistema servirá para aliviar la tensión vivida estos años en el Servicio de Urgencias y evitar así su colapso», siempre que se trate de situaciones normales -aclaró- no, por ejemplo, un accidente en el que se vean implicadas numerosas personas. Por tanto, «esto de llegar a Urgencias y que la gente tenga que estar en los pasillos porque no haya camas o que se tenga que ir a su casa porque no hay camas es una prioridad evitarlo», concluyó.

En cuanto a la situación específica de algunos hospitales, reiteró su voluntad de impedir la privatización de los centros de Tomelloso y Villarrobledo, junto con la recuperación del área sanitaria de Cuenca.

ATC. Sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) García-Page rechazó su instalación en Villar de Cañas (Cuenca), en parte porque se está construyendo «en el alero de la seguridad». Lamentó, además, que el ministro de Industria cancelara la reunión prevista con él, ya que en ella tenía la intención de «dejar claro que para que se produzca una instalación de este tipo tiene que haber un consenso social y esta condición no se está cumpliendo».

Del mismo modo, aseguró que no descartan ningún tipo de medida «judicial ni política» para frenar dicha instalación, aunque abogó por el diálogo para evitar «una infraestructura que no tendrá beneficios ni para Cuenca ni para la región».