Brasil vive en las últimas semanas una convulsión política que parece difícil de frenar. Y es que, mientras la presidenta del país, Dilma Rousseff, está a la espera de que el Senado comience la comisión que decida su continuidad o no en el cargo, debido a una manipulación de los presupuestos de los dos últimos años, su predecesor en el Ejecutivo Inacio Lula da Silva, se haya visto implicado en un escándalo de corrupción, y el partido en el Gobierno, el PT, esté asediado por distintas acusaciones de fraude, ayer se vivió un nuevo capítulo, aunque esta vez desde el bando opositor: el Tribunal Supremo Federal decidió apartar de su puesto al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, procesado por sus presuntos nexos por el caso Petrobras.
Si bien la sentencia debe ser aún ratificada por el pleno del Congreso, el oficialismo y otras formaciones en el Parlamento han acusado insistentemente a Cunha de «intimidar» a legisladores, procesados, colaboradores, abogados y agentes públicos «con el fin de dificultar las investigaciones» de las que es objeto.
El Supremo aceptó así una petición del fiscal general de la república, Rodrigo Janot, quien calificó al político evangélico de «delincuente», ya que, a su juicio, «ha utilizado el cargo en interés propio e ilícito únicamente para evitar que las investigaciones contra él continúen y lleguen a aclarar sus conductas, así como para reincidir en las prácticas delictivas». «Ha traspasado todos los límites aceptables de un Estado Democrático de Derecho», agregó.
La suspensión cobra una especial importancia teniendo en cuenta que Cunha, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fue quien acogió y condujo el proceso con miras a destituir a Rousseff. Además, es actualmente el segundo en la línea sucesoria del Estado, pero habría podido subir la semana próxima al primer lugar si el Senado decide abrir el juicio político a la jefa del Ejecutivo, que en ese caso sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer.
La Constitución brasileña reserva al presidente de la Cámara de Diputados la potestad de aceptar una denuncia contra el jefe de Estado y eso hizo Cunha a finales del año pasado, cuando un grupo de juristas vinculado a la oposición acusó a Rousseff de maniobras fiscales irregulares en los ejercicios 2014 y 2015.
Pero apenas unos meses después, a principios de 2016, el proceso penal se inició en su contra, cuando el Supremo aceptó investigarle por su presunta implicación en el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, un caso en el que se le acusa de haber obtenido al menos cinco millones de dólares de la trama en sobornos por parte de empresas a las que ayudó a firmar con la petrolera contratos de arrendamiento de buques de perforación para la extracción de crudo y de ocultar ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos.
El señalado negó esas afirmaciones, pero la Justicia helvética desmontó todos sus argumentos cuando, en cooperación con las autoridades cariocas, demostró que ese dinero estaba a su nombre en entidades financieras del país centroeuropeo.
Esta constatación derrumbó la imagen del político ante la sociedad y hasta en las multitudinarias protestas que en los últimos meses han exigido la salida de Rousseff también se comenzó a clamar por su destitución en la Cámara de Diputados, algo que respaldaron los principales partidos de la oposición.
Para algunos analistas, en el complicado ajedrez de la crisis brasileña, Cunha ha jugado el papel de «peón del rey», una pieza usada generalmente en la apertura, que controla el medio juego y que, en un momento dado, puede ser sacrificada para facilitar el asalto. Así, fue útil a la oposición para poner en marcha el trámite que puede acabar con el mandato de Rousseff y ahora, cuando se empieza a consumar el proceso, ha sido sacado del tablero por una medida cautelar que no parece tener detractores.
En este caso, el jugador de la partida sería Temer, quien habría realizado un gran trabajo para conseguir su objetivo de la Presidencia. El apartado no deja de ser un personaje incómodo para el aspirante a sustituir a la exguerrillera en el Gobierno.