Cuando abrieron la puerta de su casa y vieron a la Guardia Civil se

inquietaron, pero cuando les dijeron que la documentación de su vehículo era falsa y que se lo llevaban el desconcierto fue total. «Lo habían comprado legalmente en un concesionario de la capital de una firma de renombre», aseguró a La Tribuna un abogado que defiende a cuatro de los más de 30 afectados en un presunto fraude que supera los 200.000 euros en la compraventa de coches. 

El Juzgado de Instrucción número 6 se encarga de las actuaciones que investiga la Guardia Civil, concretamente el GIAT (Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico) en relación a una presunta estafa en la compraventa de vehículos y percepción fraudulenta de ayudas del Plan PIVE que, por el momento, supera los 200.000 euros y en la que está implicado un concesionario de la capital. 

El fraude se destapó cuando un abogado recibió varios requerimientos de Tráfico relativos a un vehículo a su nombre pero que él no había adquirido ni poseído jamás. A resultas de esta supuesta usurpación de identidad, la Guardia Civil empezó una investigación a finales de 2013 que se cerró hace un año con ocho detenidos que residían en su mayor parte en Ciudad Real, Puertollano y Alcázar de San Juan. Su modo de actuar, según los investigadores, era simular entregas en un punto de venta de vehículos de más de diez años de antigüedad, de la categoría M1, para adquirir automóviles nuevos de la misma categoría y acogerse con ello a las subvenciones del Plan PIVE, por cuantías de entre 1.000 y 2.000 euros por vehículo.

Cuando la Guardia Civil creía que el asunto estaba resuelto, a finales de 2014 aparecieron más casos de afectados y se inició otra operación policial que sigue abierta aunque el pasado 25 de marzo se detuvo a un agente comercial del mismo concesionario y que también fue detenido hace un año. El hombre, que responde a las iniciales M. E. L., está en libertad con cargos y el próximo 8 de mayo la juez instructora le tomara declaración en presencia de su abogado y de los letrados de  los afectados.

Los vehículos intervenidos en esta segunda operación siguen precintados porque no pueden circular al carecer de placas de matrícula. Tanto la Guardia Civil como la juez están siendo diligentes, pero es un asunto «muy complejo» de investigar y también procesalmente porque el sistema judicial es garantista.

Dos métodos delictivos. El abogado José Luis García Oteo, que defiende a varios afectados, explicó a este diario que el detenido supuestamente 'trabajaba' dos 'métodos' delictivos y que sus clientes se enteraron recientemente del fraude, cuando la Guardia Civil se personó en sus casas.

El imputado, supuestamente, falseaba la documentación que tenía la financiera para entregar los vehículos. Al parecer, también «revendía» otros que recibía para destruir por su antigüedad y que estaban sujetos a la subvención del Plan PIVE.

El letrado indica que las empresas que venden vehículos al final tienden a que se compre mediante financiación. «Todas tienen una financiera con la que trabajan y vamos a pedir responsabilidad porque la gente acudía porque confiaba en  la empresa de renombre, porque el detenido representaba a esta gran empresa», concluyó.