En plena marejada del escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, el Partido Popular se topó ayer con un nuevo varapalo judicial que afecta a otro de los nombres ilustres de Génova: Ángel Acebes. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citó al exsecretario general de la formación y exministro de Justicia e Interior como imputado en la causa de los papeles de Bárcenas, la supuesta contabilidad secreta que llevaba el antiguo tesorero del grupo político. Así, el que fuera miembro del Gobierno de José María Aznar tendrá que declarar el próximo martes, junto al extesorero de la formación Álvaro Lapuerta y al empresario de la construcción Antonio Vilela por la compra de acciones del portal de noticias Libertad Digital con cargo, presuntamente, a la caja b de los populares.
El magistrado imputa indiciariamente a Acebes un delito de apropiación indebida en su modalidad de «comisión por omisión» por «su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación», enmarcada en la ampliación de capital del medio de comunicación, y el hecho de que estos fondos acabaran «siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando la opacidad de los mismos».
Ruz, que investiga la supuesta contabilidad opaca del PP en una pieza separada del caso Gürtel, se acoge a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la apropiación indebida por «comisión por omisión» en la conducta de terceros para concluir que el exministro, como número dos de la formación, tenía la posibilidad de «ejercer una vigilancia y una cierta autoridad que le permitiera evitar» la actuación de los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Según la declaración judicial de Bárcenas, Lapuerta recibió en octubre de 2004 el encargo de Acebes de «buscar empresarios que estuviesen dispuestos» a participar en la ampliación de capital de Libertad Digital, cuyo emblema y socio es el periodista Federico Jiménez Losantos, «utilizando para ellos los fondos de la caja b del partido».
Según el extesorero, la iniciativa, que habría partido del entonces presidente del portal de noticias, Alberto Recarte, tenía la finalidad de que las participaciones fueran «traspasadas a terceros por parte de los suscriptores iniciales, que habrían de ser personas de confianza».
El magistrado acordó estas nuevas imputaciones a partir de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que analiza nueve apuntes manuscritos de la supuesta contabilidad b de Bárcenas entre los años 2004 y 2005, que reflejan la compra de acciones de Libertad Digital por valor de 410.300 euros. La adquisición de los títulos fue realizada por Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas (por valor de 149.600 euros), Álvaro Lapuerta (un total de 1.270 títulos por 139.700 euros) y el trabajador del PP Francisco Yáñez (121.000 euros), padre del apoderado de las cuentas de Bárcenas en Suiza. Los tres vendieron las acciones posteriormente, aunque en el caso de Lapuerta e Iglesias no consta que el dinero retornase a la supuesta caja opaca del partido.
Respeto. «Desde el Gobierno, tenemos que respetar las resoluciones y las decisiones judiciales y, en este caso, también», se limitó a asegurar la vicepresidenta del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, tras conocerse la noticia. Más tajante se mostró el portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, que salió en defensa de Acebes: «No creo que haya una persona más honesta en la vida». Sobre esta cuestión también se le cuestionó al presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, quien se mostró sorprendido: «Impresionado me he quedado, pero no puedo decir más porque no sé más y sería frívolo opinar sin saber lo que ha ocurrido».
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, aseguró que los socialistas están «convencidos» de que Mariano Rajoy, «sabía» de la financiación irregular de su partido porque, con la imputación del exsecretario general Ángel Acebes, se ha demostrado que «estaban todos» en esto y él era «el jefe» del partido.