Si por algo se han caracterizado los plenos en esta legislatura, además de porque se celebran por la tarde y se retransmiten por televisión, ha sido por su duración, eternizándose en multitud de ocasiones y llegando a su fin como media alrededor de las once de la noche, tras arrancar a las cinco o las seis de la tarde, según el horario de invierno o de verano. La diversidad de fuerzas de la Corporación, pero sobre todo el amplio abanico de propuestas que se han llevado al máximo órgano municipal están detrás de estas sesiones eternas. En el Pleno se ha debatido de todo, también y en gran medida, de cuestiones en las que el Ayuntamiento tiene poco que decir o ninguna competencia.

Ganemos ha sido el grupo que más cuestiones ha planteado sobre las que el Ayuntamiento no tiene capacidad de decisión y, aunque su temática afecta a los vecinos de la capital en algunos casos, al no ser anejos a España, poca capacidad de decisión tiene el Consistorio sobre materias que exceden a su competencia. Se trata de cuestiones como Ley de Seguridad Ciudadana, la derogación del artículo 135,3 del Código Penal, la matanza de Atocha, el cambio climático, la figura de Marcelino Camacho o el tratado transatlántico de comercio. En otras, sin embargo, aunque el Ayuntamiento dispone de algunas herramientas de actuación, no deja de tener limitada su actuación o de ser pronunciamientos políticos, como es el caso de la violencia de género o los refugiados.

De hecho, muchas de estas mociones vienen motivadas en gran parte por la actualidad y por el ideario político de cada partido, que trata de constatar en el Pleno su visión sobre determinados asuntos, al tiempo que ‘retrata’ a su adversario político. Uno de los casos más recurrentes es el que guarda relación con la educación, sobre la que tiene competencias el Estado y la Junta -el Ayuntamiento sólo se encarga del mantenimiento de los centros- y sobre las que se ha buscado más un posicionamiento político que un acuerdo. En este caso ha insistido el PP, con su defensa de la educación concertada y la capacidad de decisión de los padres, del mismo modo que también ha buscado pronunciamientos sobre la defensa del Estado de Derecho o sobre la actuación de la Policía Nacional a propósito de su labor en Cataluña. De hecho, en este asunto, la diferente visión sobre un tema común llevó a que tanto PP como PSOE presentaran una moción al respecto.

La actualidad también ha hecho que se plantearan diversas mociones sobre los refugiados debido a la ola de migración procedente de Siria y de otros países que se ha registrado en Europa. En este sentido, más allá de la moción en la que se decidió la adhesión de Ciudad Real a la Red de Ciudades Acogedoras, el resto de mociones sobre esta cuestión buscaban un interés más mediático y de partido que de gestión municipal. En esta misma cuestión también ha caído el grupo Ciudadanos, a pesar de que su máxima de legislatura ha sido la de no llevar al Pleno asuntos que exceden al ámbito competencial del Ayuntamiento. En este sentido se encuentra la moción que presentó sobre el control de locales de juego que, aunque han aflorado en la capital, la competencia es de la Junta; el derecho al voto de los europeos o la regulación de los patinetes, que vendrá marcada por un decreto nacional y para el que Cs no articuló propiamente una ordenanza, sino que simplemente pidió su regulación.