Al tiempo que da pasos para la construcción de la planta de estabilización de mercurio que acogerá en sus instalaciones y que devolverá a la comarca de Almadén el protagonismo que tuvo en su día en la extracción de este metal pesado, la sociedad Minas de Almadén y Arrayanes SA (Mayasa) tiene deberes económicos que acometer a lo largo del año para tratar de garantizar su continuidad como empresa. Al menos así se recoge en la última auditoría realizada a las cuentas de la entidad pública por parte de la consultora Crowe Horwath, y a la que ha tenido acceso La Tribuna, dentro de la inspección realizada a las cuentas de todas las empresas del sector público estatal, en la que se advierte a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del desequilibrio patrimonial de Mayasa, y se le insta a que ponga en marcha las medidas necesarias para corregirlo y acabar así con las «dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento».

Mayasa cerró el ejercicio 2017 con pérdidas por encima de los 2,3 millones de euros, según recogen las cuentas anuales que acompañan a la auditoría realizada por Crowe Horwath, unos números rojos que se suman a los obtenidos en el ejercicio 2016, cuando el informe anual de SEPI elevaba hasta los 2,4 millones de euros las pérdidas de la sociedad. Mayasa ha limado sus pérdidas. En concreto, y según las cifras que la auditoría da por buenas, las pérdidas de la sociedad que tiene a SEPI como accionista único declaró unos números rojos de 2.432.000 euros en el año 2016, pérdidas que se redujeron en un 5 por ciento hasta quedarse en 2.310.000 euros de pérdidas.

Pese a los dos años consecutivos de pérdidas, el problema para el futuro de Mayasa no son los números rojos, sino la ley. En concreto, la Ley de Sociedades de Capital, que establece (artículo 363) que estas sociedades «deberán disolverse por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso». Al cierre de 2017, como sucedía al cierre de 2016, según recuerda la auditora en su informe, los fondos propios de Mayasa son «inferiores a dos tercios del capital social», por lo que la entidad deberá «reducir su capital social», para lo cual insta a SEPI a poner en marcha este año las medidas necesarias para corregir este desfase. Según recogen los auditores en su informe, este «desequilibrio patrimonial» indican la existencia «de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento». Es decir, que para garantizar la continuidad de la misma, Mayasa, que tiene en marcha el proyecto para levantar un centro del mercurio en la comarca que incluye una planta para la estabilización de este metal pesado, deberá reducir su capital social para que los fondos propios no sobrepasen la línea roja que supone una causa de disolución en las sociedades de capital, en medio de una cierta incertidumbre por los posibles efectos del cambio de Gobierno en la dirección de la empresa.