El próximo martes, en la Conferencia Sectorial de Educación, el Gobierno tiene previsto exponer ante las comunidades autónomas los detalles de la prueba que sustituirá a la Selectividad, cuya eliminación está prevista por la Lomce a partir del año 2017. Esta prueba, según expusieron los sindicatos, sería un examen tipo test con 350 preguntas en las que los alumnos deberán elegir la correcta de las cuatro opciones posibles que se les presenta, y estará dividida en cuatro bloques: 200 preguntas sobre materias troncales, 100 preguntas sobre las materias optativas y otras 50 sobre las materias específicas seleccionadas por los alumnos. En espera de conocer el desarrollo completo del borrador del real decreto que plantea el Ejecutivo, Comisiones Obreras y UGT en la provincia ya han mostrado su reticencia a una prueba «que no va a servir para evaluar los conocimientos de los alumnos».
El secretario general regional de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) tiene claro que la primera discusión a abordar «es si debería hacerse prueba en ese momento o no», pero a partir de ahí consideró que el examen tipo test que planteará el Gobierno en la reforma educativa «es una exageración y un despropósito». En primer lugar, por el número de preguntas, «porque como alguien nos hacía ver, para una oposición a la judicatura hay que responder a 100 preguntas, y a un alumno que acaba de terminar el Bachillerato y quiere acceder a la Universidad queremos obligarle a responder a 350», y después por tratarse «de una prueba estandarizada que va a servir para medir, algo que les gusta mucho a los políticos que nos gobiernan y que son amigos de las clasificaciones, pero desde luego no va a servir para evaluar a los alumnos».
Gil afirmó que el planteamiento de la prueba ya tiene, de antemano, «un problema peligroso, que no es otro que convertir el curso de Segundo de Bachillerato en un mero año en el que preparar las pruebas». El responsable regional de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras identificó parte de este problema en la Selectividad actual, «porque ese curso ya viene determinado a la preparación de la Selectividad», pero aseguró que si al final del año lectivo «lo que espera es una batería de preguntas con cuatro opciones a elegir, lo único que se conseguirá es empobrecer la enseñanza».
Para Alfonso Gil, en la nueva reforma educativa el primer debate a plantear «sería la necesidad de llevar a cabo esa prueba, y plantear dónde y cuándo debe hacerse», pero añadió que ante todo «debe ser una prueba más integral, porque la realidad es que un examen tan estandarizado no tiene en cuenta ni las complejidades de los alumnos ni las diversidades que se dan en las aulas, sino que va orientada a responder de manera automática a un repertorio tremendo de preguntas».
Sin consenso. La crítica a la prueba que se postula para sustituir a la Selectividad es extendida por Adolfo Muñiz, secretario provincial de Fete-UGT, a la reforma educativa en su totalidad. «Es una reforma que está impuesta, planteada sin consenso y orientada a segregar», explicó, además de que no tiene «ninguna garantía de que vaya a mantener un criterio de calidad».
La Lomce, para Muñiz, «empobrece la enseñanza», y la sustitución de la Selectividad por una prueba de 350 preguntas tipo test «no va a evaluar a un alumno, y si lo hace lo hará de manera irrisoria porque no tendremos conocimiento suficiente de si ha terminado el Bachillerato suficientemente preparado». Los criterios en los que se ha postulado esta prueba «no nos inspira ninguna confianza, como tampoco tenemos ninguna confianza en la nueva ley educativa», defendió Muñiz, que abogó «por alcanzar un consenso, un gran pacto de educación en el que haya garantías reales de que las medidas que se tomen van a mejorar la enseñanza».