Unos guantes parecidos a los de los jardineros, un walkie-talkie y un bolígrafo. Estas son las ‘herramientas’ de trabajo de que disponen los funcionarios de prisiones, que ayer volvieron a salir a la calle para alzar la voz en demanda de los medios que necesitan para el desarrollo de su labor, para su seguridad y la de los presos que están bajo su custodia.
Funcionarios y responsables de los sindicatos de UGT, Acaip, CCOO y CSIF en las cárceles de Herrera de La Mancha y Alcázar de San Juan informaron ayer a los ciudadanos de la situación que se vive en las prisiones de forma clara y gráfica a través de un mural explicativo del día a día sin medios ni recursos para afrontarlo con las debidas garantías de seguridad.
Explican que en las cárceles españolas hay 3.400 vacantes por cubrir y que, con ser esto grave, lo peor es que promociones numerosas de funcionarios de prisiones están empezando a jubilarse y no hay visos de que las plantillas se vayan a reponer. Afirman que donde antes había cinco funcionarios a cargo de la vigilancia de 120 o 140 internos ahora hay uno solo.
Además del aumento de efectivos, piden que se les conceda la condición de agentes de la autoridad para frenar las agresiones de presos a funcionarios. Lamentan que no exista acuerdo político para hacer realidad este cambio de consideración y aseguran que «una agresión a un funcionario sale gratis, no es una pena agravada».
Al hilo de ello, recuerdan que recientemente han fallecido dos presos en Aranjuez y en Picassent porque la falta de seguridad también es una amenaza para los reclusos.
Denuncian que «personal no cualificado reparte medicación porque no hay personal sanitario suficiente y ello está provocando que se reparta a veces con cinco días, se produce acumulación de medicamentos y esto favorece que haya internos como el caso reciente de Alcázar y se los tomen todos, una sobredosis». Les está afectando «aunque a nuestra Secretaria General le siente mal que lo denunciemos a los medios de comunicación, es lo que hay y ellos lo saben. Jefes de servicios o mandos son los que reparten la medicación en los centros penitenciarios y lo denunciamos porque es inasumible e intolerable y se debe tener el personal necesario para cumplir con el principio de la reinserción y resolización y tienen que tener la atención necesaria adecuada y eso se consigue con medios económicos y recursos humanos», remarcaron representantes sindicales de los trabajadores.
Extramuros hay otra situación que tampoco gusta a los funcionarios de prisiones, la implantación de la seguridad privada a pesar de que la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que dicho cometió ha de estar en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. Fue una medida que decidió el PP y fue duramente criticada por el PSOE, pero, «a día de hoy seguimos con seguridad privada en los centros penitenciarios», aseveran los representantes de los sindicatos, quienes añaden que esa seguridad privada supone una duplicidad en esas funciones. Herrera de La Mancha es ejemplo de ello, ya que tiene numerosas plazas ocupadas por guardias civiles y aparte una seguridad privada que no tiene sentido alguno.
Por todo esto van a continuar con las movilizaciones sin descartar una huelga indefinida a pesar de que «se nos está coartando nuestro derecho fundamental a la huelga». Están viendo, dicen, cómo «se nos identifica a las puertas de los centros penitenciarios» e incluso en la última huelga «una compañera ha sido sancionada porque se ha aplicado la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley ‘Mordaza’ que tanto criticó el Partido Socialista y que ahora la utiliza para coartar el derecho fundamental a la huelga e intimidar a los huelguistas».
Por ello, la plataforma sindical formada por el 99% de todos los sindicatos de prisiones, denuncia que se está intimidando a los trabajadores que van a la huelga y están viendo cómo los compañeros que no la secundaron han recibido compensaciones económicas. «Es vergonzoso que aparte de que los que ejercen el derecho a la huelga sufren su descuento en nómina, están viendo cómo se está intentando dividir al colectivo con dinero».
Las negociaciones «están rotas» y «no hay voluntad política para resolver su situación» y ponen como ejemplo que han repartido la productividad igual que el año pasado con la diferencia de que entonces estaba en el Gobierno el Partido Popular, se denunció y la Audiencia Nacional consideró que era ilegal porque era la productividad de todos. Este año se han encontrado con que este Gobierno ha decidido hacer lo mismo pero de forma más sibilina porque «se la ha dado a jefes de servicio, médicos y enfermeros y a algunos compañeros que trabajaron en la jornada de huelga con la clara intención de dividirnos».