Nóos, Malaya, los ERE fraudulentos, Minutas, Palau, Gürtel, Mercasevilla... Son algunos de los casos judiciales más mediáticos y cuyos nombres ya resultan familiares para casi todos los españoles. Todos ellos comparten una característica: continúan abiertos. Una circunstancia habitual en el sistema jurídico nacional, tal y como denunció en los últimos días la Comisión Europea.

Y es que España se encuentra, junto con Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia, entre los Estados miembros con más casos judiciales en el ámbito civil y comercial pendientes de sentencia. Asimismo, Bruselas denuncia que el país ocupa las últimas posiciones en materia de inversión en tribunales y número de jueces, según el marcador sobre el estado y la calidad de la Justicia en la UE, que refleja datos de 2012.

Entre los datos negativos destaca también que, para las autoridades comunitarias, la Justicia nacional se encuentra entre las percibidas como menos independientes de la Unión por parte de empresarios de todos los sectores (ocupa el puesto 22 entre los 28 Estados miembros), un sentimiento que, además, ha empeorado entre 2010 y 2012. Solo Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Grecia y Eslovenia registran resultados peores, según los datos del Foro Económico mundial de los que se hace eco Bruselas.

La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, recuerda que «aplazar la Justicia equivale a denegarla» y reclama, por ello, a los países que prosigan con las reformas para mejorar la eficacia de sus sistemas. «Un modelo judicial independiente y que funcione correctamente es esencial para ganarse la confianza de los ciudadanos y los inversores, e indispensable para generar confianza mutua».

De hecho, en sus recomendaciones dirigidas a España el año pasado, Bruselas ya reclamó «adoptar y aplicar las reformas en marcha para reforzar la eficiencia del sistema de Justicia».

Según los datos comunitarios, el país se sitúa en la parte media de la clasificación en lo que se refiere a la duración de los procedimientos, con alrededor de un año de promedio, superando incluso a Francia o Finlandia. Sin embargo, el número de casos pendientes está entre los más altos de la Unión Europea (casi tres por cada 100 habitantes en primera instancia), aunque baja ligeramente respecto a 2010.

La nación está también a la cola de la UE en número de jueces, con 11 por cada 100.000 habitantes, cifra que únicamente es más baja en Irlanda, Dinamarca, Malta, Francia e Italia.

Informe.

Por otra parte, una radiografía de la corrupción en España publicada recientemente revela que hay casi 1.700 causas abiertas en sus diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y solo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles nacionales. Estos asuntos afectan a todos los niveles de la Administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como los exministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE de Andalucía-, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

Por comunidades, Baleares es la región en la que más políticos están en prisión por alguna causa relacionada con este mal endémico. Por diferentes casos, se encuentran en la cárcel seis de ellos.