A principios de la década de los 70, en las carreteras españolas empezaron a aparecer unos elementos de protección destinados a prevenir las salidas de vía y a tratar de reducir la siniestralidad al volante, ofreciendo mayor estabilidad que aquellos postes unidos con mallas que marcaban el final de la calzada por ambos lados. Eran los guardarraíles, que popularmente empezaron a conocerse como quitamiedos, aunque ni la primera ni la segunda denominación se amoldaron nunca a la percepción del colectivo de motoristas, que todavía hoy siguen sin ver en aquellos elementos una guarda y tampoco es una imagen que les quite ningún miedo. La estructura no podía ser más simple: una bionda longitudinal anclada al suelo con postes de doble filo, los llamados IPN, que comenzaron a mostrarse como una verdadera amenaza para cualquier accidente de moto, incluso a velocidades relativamente bajas. Por eso, y después de accidentes como el que sufrió el excampeón de España de motociclismo Andrés Pérez en 1993, estos elementos fueron declarados como muy peligrosos en 1995, y se prohibieron expresamente en las carreteras españolas en el año 2005, hace más de una década. Sin embargo, la cuestión económica camina todavía por delante de la prevención en este sentido, y en la provincia de Ciudad Real el Estado mantiene aún casi 100 kilómetros de carretera con guardarraíles IPN. Trece años después, ahí siguen.
Las cifras corresponden al propio Ministerio de Fomento, encargado del mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. Tal y como reconoció a La Tribuna la Dirección General de Carreteras, en la provincia de Ciudad Real hay 1.260,37 kilómetros de carretera protegidas por guardarraíl, que se coloca «allí donde la normativa lo exige». De esos 1.260 kilómetros de quitamiedos, cerca de un centenar, 92,30 kilómetros, siguen montados sobre el sistema de IPN, es decir, una bionda anclada al suelo con un poste de doble filo. Una trampa para los motoristas.
La normativa se está cumpliendo, sostienen desde Fomento, pero quizá no se avance al ritmo que debería. De hecho, tal y como especifican desde la Dirección General de Carreteras, «a medida que se van realizando actuaciones se va haciendo la reposición por soportes sin el sistema IPN», o lo que es lo mismo, son los trabajos de conservación y mantenimiento de las carreteras los que marcan el camino para la sustitución de estos elementos, que sí se han incluido de manera expresa en alguna actuación promovida por el Ejecutivo pero que no ha alcanzado todo el territorio. De hecho, en los proyectos puestos en marcha en los últimos años, el Ministerio señala actuaciones en diferentes zonas de la provincia, de manera general («no se puede precisar la longitud de los tramos de perfil IPN que se han sustituido por otro tipo de soporte») y tres en vías específicas: la N-420, el entorno de Fuencaliente en el paso del río Pradillo y la N-502, entre los kilómetros 263,9 y 328,7, a su paso por al provincia de Ciudad Real.
En cualquier caso, el Ministerio tiene trabajo por delante. Bien sea a través del cambio en el soporte del guardarraíl o bien con la implantación de sistemas de protección para motoristas (SPM), como la colocación de una doble bionda en el quitamiedos para tapar posibles impactos con los postes, lo cierto es que hay cerca de un centenar de kilómetros de la red estatal de carreteras que mantiene un elemento declarado peligroso en 1995, y prohibido de manera expresa desde 2005. Quizá sea hora de que esa prohibición sea efectiva en una provincia en la que el año pasado murieron dos motoristas y once resultaron heridos de gravedad, y en la que este año ya han muerto dos motoristas más.