Por tierra y por aire. Desde el pasado miércoles, un segundo ojo patrulla desde el cielo las carreteras españolas a la caza de los infractores. La Dirección General de Tráfico estrenó con motivo de la segunda fase de la operación especial de Semana Santa un nuevo Pegasus, un helicóptero con un radar incorporado que se suma al que ya pusiera en marcha el pasado año por estas fechas la DGT, que tiene previsto además incrementar esta cifra en breve.

El nuevo radar, que vigilará fundamentalmente las carreteras secundarias, se lanza tras el repunte en 2014 de los accidentes de tráfico en este tipo de vías, donde se están registrando más del 80% de los siniestros mortales.

Los ciudadanos consideran, por lo general, que este tipo de medidas, la instalación de radares y una mayor vigilancia por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, contribuyen a prevenir los accidentes y a reducir los niveles de siniestralidad en las carreteras de nuestro país. Sin embargo, un amplio porcentaje reclama también a las administraciones acciones paralelas, que van desde la puesta en marcha de un mayor número de campañas de concienciación ciudadana hasta el arreglo y mejora de las infraestructuras viarias.

Otros muchos, sin embargo, consideran que la instalación de nuevos radares obedece a una cuestión puramente recaudatoria. Sostienen que lo que Tráfico concibe como un articulado de medidas para reducir la siniestralidad y evitar las muertes en carretera se convierte, de paso, en un pozo recaudatorio sin fondo.

Y no les falta parte de razón, ya que los últimos datos indican que el aumento del número de denuncias por infracciones (más de 3,5 millones al año) permite al Gobierno ingresar una cantidad superior a los 500 millones de euros en este concepto.