Tenía 23 años y faltaba poco más de un mes para que naciera su primera hija cuando se sintió mal y decidió ir junto a su pareja en coche a Urgencias del hospital de Manzanares. Era aproximadamente la una y veinte de la madrugada del 12 de febrero de 2008. Cuando estaba a unos metros de la puerta principal del centro hospitalario, Carlos Manuel Antequera  perdió el conocimiento y el coche que conducía fue a chocar contra otro estacionado a pesar de los intentos de su pareja por detener la marcha tirando del freno de mano. A las 3.15 horas murió a causa de una parada cardiaca.

Ningún médico del servicio de Urgencias salió a asistirle pese a  que la Guardia Civil acudió en busca de un facultativo. El médico que salió a su encuentro les dijo que no podía abandonar  el hospital  y que llamaran al 112.

Seis años y medio después se ha vuelto a debatir en la Audiencia Provincial de Ciudad Real si el médico tenía o no la obligación de salir a prestar esta asistencia.

Bernardo C. R., de 60 años y nacionalidad dominicana, era el médico que esa noche estaba de guardia junto a otra compañera y que se negó a salir del hospital amparándose en un real decreto que asegura que le prohibe a abandonar el centro hospitalario.

Una conducta «insolidaria e inhumana» que merece ser castigada por denegación de asistencia a un enfermo, porque «faltó a sus deberes profesionales como médico» y «porque hay que corregir esa falta de solidaridad y humanidad para que no vuelva a ocurrir en un futuro». Así lo aseguran las acusaciones en la causa contra este médico que está siendo juzgado de nuevo por los mismos hechos. Fue enjuiciado hace más de un año por un jurado popular que emitió un veredicto de no culpable del delito de omisión del deber de socorro que se le imputaba. El veredicto y la sentencia absolutoria se recurrieron y el Supremo ratificó el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ordenando que se repitiera el juicio con un nuevo jurado y presidente magistrado del Tribunal.

Esta semana, Bernardo C. R. se ha sentado de nuevo ante un jurado (siete mujeres y dos varones, además de los suplentes) para responder del mismo delito de omisión del deber de socorro tipificado en el artículo 196 del Código Penal que le imputan el Ministerio Público y la letrado que ejerce la acusación particular en nombre de la familia del fallecido.

casi nueve horas. Ayer tarde, después de tres largas sesiones, la última casi de nueve horas, el proceso judicial quedó visto para objeto de veredicto tras informar las partes. El acusado y su abogado Félix Aponte sostienen que no habría podido hacer nada por la vida del joven aunque se hubiera acercado a donde se encontraba inconsciente porque los equipos de reanimación están fijos en Urgencias. Además, insistió en que no podía salir del hospital para asistir al enfermo porque se lo prohibe un real decreto. Él es un médico de Urgencias hospitalarias y para las extrahospitalarias está el 112, reiteró a preguntas de las partes y defendió hasta el final su abogado.

Sin embargo, el Ministerio Público ejercido por Victoria García y la abogada de la acusación particular María del Carmen Nieto Márquez- Criado mantienen que  «faltó a sus deberes como médico».

Consideran probado que cuando ocurrieron los hechos no había urgencia vital en el hospital y asistir al moribundo no hubiera supuesto ninguna merma para los pacientes que estaban en Urgencias.

Márquez-Criado dirigiéndose al jurado dijo: «Tienen una oportunidad de hacer justicia. Si los ciudadanos no hacemos valer nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotros. El derecho a la vida y la integridad física hay que protegerlo, y esta obligación se acentúa cuando se trata de una persona que tiene que proteger nuestra salud».

La letrada fue más allá al remarcar que «un médico no puede estar por encima de la ley y quedar impune haga lo que haga. ¿Qué hubiera pasado de haber sido su hijo el joven tirado en la calle? Hay que tener mucha sangre fría para no salir para ver como está el enfermo».

El abogado Javier Moreno, que representa a Zurich, aseguradora del Sescam, respondió en los mismos términos a la acusación diciendo qué hubiera pasado si tienen un hijo en Urgencias y no recibe asistencia porque el médico que está para atenerle abandona el servicio. Ya más calmado, tras apelar al sentido común, dijo que ha quedado demostrado que el médico no podía salir del hospital. Del mismo modo, considera que los padres del fallecido no pueden reclamar una indemnización ya cobrada porque supondría un «evidente enriquecimiento injusto».

El abogado Félix Aponte mantuvo que su cliente hizo todo lo que podía: llamar al 112 y decir que en lugar de una ambulancia convencional enviaran una UVI móvil.

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