A la vuelta de unos días, las subastas presenciales en los juzgados pasarán a la historia. Desde el 15 de octubre, cualquier bien, sea una vivienda, un garaje, un solar, también los vehículos, la maquinaria o el mobiliario, incluso joyas, que se subasten por orden de un juez se venderán al mejor postor pero solo a través de internet. «Lo que se busca es dar transparencia a todo el proceso», explica Sigfrido Mangas, secretario del juzgado de lo Mercantil de Albacete, quien en lo que llevamos de año lleva presididas 42 subastas en su juzgado. Lo último que ha vendido ha sido la unidad productiva de una empresa de servicios, un paquete en el que va todo, desde la maquinaria a los trabajadores.
Este juzgado, junto con los siete de instancia, es uno de los que más subastas realiza. En 2014, convocaron a los mejores postores en 74 ocasiones, a las que hay que sumar las 179 subastas que se llegaron a celebrar en los juzgados de instancia. En total, casi 300 pujas para vender a aquel que ofreció más dinero los bienes embargados a personas o empresas que no pueden hacer frente a sus deudas. Es decir, que casi no hay día del año en el que algún juzgado de nuestra provincia no subaste algún bien embargado.
La subasta electrónica es una eterna promesa política de la que se viene oyendo hace tiempo, aunque parece ser que es ahora cuando se hará realidad. En 2007, la Unidad de Subastas de Murcia puso en marcha una experiencia pionera. En 2011, el Ministerio habilitó un portal de subastas electrónicas que no ha terminado de funcionar correctamente, pues no todos los bienes se publican aquí previamente y el motor de búsqueda de la web no ha terminado de funcionar bien. Ahora, estos dos extremos parece que se van a corregir.
Tasación. Hasta ahora, cuando se embarga un bien, el siguiente paso a dar es tasar dicho bien y convocar la subasta mediante un edicto que se publica en el tablón de anuncios del juzgado. Pues bien, la instrucción, explica Sigfrido Mangas, es que a partir del 15 de octubre esos edictos se harán públicos solo a través del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado. Un aspecto que está aún por concretar es el precio que tendrá publicar dicho edicto en el BOE, tasa que tendrá que abonar el acreedor que haya solicitado la ejecución y celebración de dicha subasta.
A partir de ese momento, cualquier persona debidamente registrada, con el procedimiento de firma electrónica o de autentificación que se regule, podrá pujar eso sí después de consignar como depósito el 5% del valor de la tasación del bien que sale a la venta. Si hasta ahora este depósito de realizaba en la cuenta del juzgado donde se hacía la subasta, ahora la pretensión es que se formalice ante la Agencia Tributaria.
Una vez publicado el edicto, los postores tendrán 20 días para presentar sus ofertas. Se hará pública en la web la oferta más alta. Concluido el plazo, el juzgado resolverá cuál es la mejor oferta y convocará a quien la haya realizado para que pague dicha cantidad, tendrá 10 días para abonarla si es un bien mueble y 20 días si es un inmueble. Si no llegara a hacerlo, se ofrecería el bien a la siguiente mejor oferta.
¿Y los subasteros?
La pregunta es si este cambio retirará a los subasteros de los juzgados. La respuesta la dará el tiempo. La presencia de los subasteros puede dar lugar a sospechas sobre posibles acuerdos para que el precio de un bien no se dispare y también que haya ciertas presiones sobre quienes no acepten este pacto para que no intervengan en la subasta. Se supone que el dar mayor publicidad a los bienes que se van a subastar y el poder realizar las pujas de forma anónima, utilizando un portal de internet en lugar de hacerlo de forma presencial en el juzgado, impedirá estas indeseables interferencias.
Ahora bien, en los juzgado se preguntan hasta qué punto el ciudadano de a pie mostrará su interés por participar de estas ofertas, o si por el contrario seguirán siendo los profesionales de las subastas los que seguirán interviniendo aunque ahora lo hagan de forma online. «Quizás ahora lo tendrán más fácil, porque en lugar de tener que irse a un juzgado de otra provincia a buscar información, la tendrán en internet», opina Mangas.
Según este secretario judicial, los intereses de los subasteros muchas veces no son coincidentes y acuden a una puja interesados de verdad en quedarse con el bien, «quizás uno venga de Madrid y otro de Alicante, y ese concierto se puede dar o no se puede dar en algunas subasta, pero sobre todo en bienes de concursos de acreedores, las pujas han subido bastante». Otra cosa son los bienes inmuebles, sobre todo las viviendas. Conforme está el mercado inmobiliario, con las viviendas sobrevaloradas y el stock de casas vacías, no hay muchos chollos y las pujas son escasas.
En estos años de crisis, los impagos de créditos han dado lugar a numerosas ejecuciones hipotecarias. Si antes del estallido de la burbuja, en Albacete apenas se tramitaban 200 ejecuciones hipotecarias, en el año 2012 se superaron ampliamente las 600. Ahora bien, rara vez estos bienes han sido subastados, «no ha habido postores, en el 95% de los casos ha sido el propio banco el que se ha quedado con la vivienda, porque nadie se ha interesado por ella», subraya Sigfrido.
Por el contrario, las subastas de coches y vehículos sí que suelen estar más concurridas, igual que aquellas pujas en las que se saca a la venta maquinaria o utensilios de todo tipo. «Los subasteros sí que buscan coches de segunda mano y maquinaria creo que para exportarla a Marruecos y países del Este», detalla este secretario judicial, que en su carrera profesional ha vendido de todo, incluso artilugios cuya utilidad desconocía.
No olvida algunas pujas, como la que se celebró en su juzgado por una extinción de condominio, varios herederos que se disputaron un local, «en pujas a la llana llegaron a los 600.000 euros, hasta los subasteros se fueron asustados».