El Ayuntamiento de Herencia ha pedido a los Mercedarios de la localidad que retiren dos placas en homenaje a vecinos y religiosos de la comunidad mercedaria que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, según el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y que se encuentran adosadas a ambos lados de la entrada principal a la iglesia-convento de Nuestra Señora de la Merced del municipio. En las placas y bajo la frase ‘Caídos por Dios, España y su revolución nacional sindicalista’ aparecen 76 nombres que encabeza José Antonio Primo de Rivera y entre los que se encuentran presbíteros como Alfonso Tapia Mendaño, Antonio García Cobos o Carlos Álvarez Rodríguez, además de otros religiosos como Eliseo Pérez Martínez o Luis Arias López y vecinos.
El actual padre comendador del Convento de la Merced del municipio, Pepe Avilés, en declaraciones a La Tribuna, recordó que los propietarios de las placas son los familiares, que «fueron los que costearon los gastos» y que «se retirarán si la ley así lo exige». «Estamos a lo que la normativa disponga y por los cauces que se nos diga», y afirmó que ambas placas se colocaron «después de la guerra, tras la decisión de vecinos y familiares de rendirles un homenaje».
Luis Miguel Marchante Úbeda, quien durante muchos años fue el comendador del Convento de la Merced de Herencia, aseguró ayer que «el único componente que existe son razones políticas», pues no es la primera vez que el Consistorio pide la retirada de las placas, ya que «siempre que se produce un cambio socialista en la Corporación municipal se nos pide quitarlas». Siempre de forma verbal, apunta, pero en esta última ocasión se ha hecho por escrito. «No vamos a retirarlas si no hay una ley que nos obligue. Si la ley así nos lo exige, lo cumpliremos», subrayó.
Fue a finales de octubre de 2015 cuando el Consistorio envió un escrito a la orden religiosa exigiendo la retirada de ambas placas «en virtud a la ley de memoria histórica y tras ponerse en contacto con ellos la Asociación de Memoria Histórica de Ciudad Real». Unos meses más tarde, en enero, recibieron otro documento en el que se informaba que «ante el silencio administrativo» el proceso seguía su curso y se daba un mes de plazo para presentar un recurso o seis meses si se optaba por la vía judicial. Fue entonces cuando el actual padre comendador remitió un manifiesto al Consistorio «explicando lo que pensábamos desde el punto de vista estrictamente religioso y que nos atenemos a la ley», declaró Avilés.
Por su parte, los familiares de las víctimas han presentado en el Consistorio hasta 90 alegaciones en contra de la retirada. Así lo comentó la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento herenciano, Cristina Rodríguez de Tembleque, quien aseguró que los trámites se han llevado a cabo por comisiones de gobierno y en Junta de Gobierno local, por lo que «serán los trámites burocráticos y legales los que dictaminarán cuándo se deben quitar». Asimismo, Rodríguez de Tembleque apuntó que las placas y la fachada son de propiedad privada y que «será un juez quien tendrá que determinar si se cumple o no con la ley de memoria histórica».