Tiempo importante para el Gobierno regional con la presentación reciente de los presupuestos para este año. ¿Cómo define las cuentas para este 2016?

Es un momento importante para los ciudadanos de esta región porque nosotros sólo somos los que trasladamos las necesidades de la región a través de partidas presupuestarias. Este presupuesto trata de compatibilizar dos objetivos importantes: por una parte, la recuperación de los derechos de los ciudadanos, fundamentalmente aquellos que han sido más castigados durante los últimos cuatro años como consecuencia de la crisis económica y como consecuencia también de la política de recortes del Partido Popular; y por otro lado también es un instrumento que trata de ser el impulsor del crecimiento económico a través de la inversión empresarial que consideramos que es el vehículo fundamental para la creación de empleo. Ésos son básicamente los dos objetivos que tratamos de conciliar en este presupuesto. Y en tercer lugar podríamos añadir que es un presupuesto que cumple los compromisos que ha ido adquiriendo el Gobierno, y en concreto el presidente García-Page, no sólo en su programa electoral sino después de analizar la realidad socioeconómica de la región, cuyo principal problema es una alta tasa de desempleo, y en la provincia de Ciudad Real especialmente.

¿Cómo se va a atraer la inversión empresarial? ¿Qué herramientas se proponen?

Tenemos un paquete importante que es el Plan Adelante, que son 260 millones de euros a cuatro años, pero también es verdad que hay otro paquete importante de inversión pensando más en el mundo rural, fundamentalmente en la industria agroalimentaria, de otros 230 millones. Estas líneas pretenden aumentar el volumen de nuestras pymes, porque el 99 por ciento de las empresas de nuestra región son pequeñas y medianas con menos de diez trabajadores, y de lo que se trata es de hacerlas más grandes porque eso les permite ser más competitivas. Hay una línea de inversión para fomentar el crecimiento de las empresas ya existentes, y otra línea para fomentar el autoempleo, que haya parados incluso de una edad madura como pueden ser los 50 o 55 años que puedan iniciar proyectos empresariales. Y luego hay líneas dirigidas a incentivar la investigación y el desarrollo en el seno de la empresa, porque de esa investigación se consigue una mayor competitividad y que puedan vender mejor sus productos tanto en el mercado interior como en el mercado exterior. Precisamente la internacionalización de nuestras empresas concentrará otra línea de actuación, para favorecer que puedan vender en los mercados exteriores de forma más importante. El sector exportador es uno de los motivos del crecimiento del PIB en la región. Finalmente podríamos hablar de otra línea que es la de financiación, ayudar a los empresarios a conseguir líneas no sólo más baratas sino con créditos participativos al objeto de favorecer esa inversión, que es el vehículo para que se cree empleo. Nosotros queremos que los empresarios ganen dinero porque cuanto más dinero ganen más impuestos pagarán y por lo tanto revertirá parte de esas ganancias en el Estado del Bienestar, y redunda en aquellos que menos tienen.

Su Consejería ha enmarcado el presupuesto en un plan de cuatro años más que como unas cuentas anuales. ¿Compartirán directrices todos los presupuestos de esta legislatura?

He dicho que este presupuesto es la primera anualidad de un programa que hay que entender a cuatro años y que es el de la recuperación económica y social, de reconstrucción del Estado del Bienestar y contra el desempleo. Así hay que entenderlo. Las políticas que se desarrollen en este presupuesto deben tener continuidad a lo largo de los cuatro años del contrato que tenemos firmado con los ciudadanos para que transcurrido ese tiempo podamos ver cómo, con una distribución adecuada del presupuesto, se puede cambiar la realidad social y económica de esta región.

Es decir, que sí que compartirán directrices...

Efectivamente. Por eso hemos trabajado en un proyecto a cuatro años. Por ejemplo, las infraestructuras sanitarias no se van a ejecutar en un sólo año. Este año hemos presupuestado el arranque de esas importantes infraestructuras que tendrán su continuidad en estos cuatro años. Pensamos a cuatro años pero tenemos un reflejo en este presupuesto.

¿Cómo se van a financiar estos presupuestos? ¿Se recurrirá a los bancos?

Fundamentalmente todo el déficit que tenemos autorizado en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que es el 0,3 por ciento del PIB, lo vamos a utilizar a través del mecanismo que nos ofrece el Estado, el Fondo de Liquidez Autonómica, con lo cual nos acogemos a él entre otros motivos porque por el incumplimiento de déficit de años anteriores es la vía más adecuada para financiar el déficit que tenemos para el próximo ejercicio.

¿Preocupa una posible desaceleración en el objetivo de cumplimiento de déficit este año?

El 70 por ciento de los ingresos que financian el estado de gastos provienen de entregas a cuentas del Estado, por tanto de haber una desaceleración en este año o incluso el que viene no lo notaríamos de forma inmediata. A nivel regional todavía los empresarios se están beneficiando del precio barato de las materias primas, que les ha abaratado costes, también de unas facilidades mayores del tipo de interés como consecuencia de la política monetaria expansiva del BCE, y son mecanismos que se van a seguir manteniendo. Es verdad que ha habido un ajuste de la economía nacional, y lo triste de ese ajuste es que ha sido vía salarios, que también ha permitido abaratar costes y sean más competitivas. Esos factores creo que se van a seguir manteniendo con independencia de la volatilidad de los mercados, y no creo que tenga una repercusión a corto plazo en la economía regional. Aun así, no dejan de ser datos que generan cierto nerviosismo de cara a la planificación a más largo plazo.

¿Cómo de atadas tiene las manos la Junta para afrontar los pagos de deuda?

De Tesorería no tenemos problema, no hay ninguna tensión, pero es verdad que tenemos una espada de Damocles en la medida en la que tenemos una deuda de 13.000 millones, el doble que había en el año 2011. Esos 13.000 millones generan una carga de intereses importante. Si aumentara el tipo de interés como consecuencia de que el BCE dejara de incentivar la economía, nos preocupa porque aumentaría la carga de intereses y afectaría a la capacidad de gastos de la región.

Si se aborda finalmente un cambio en el sistema de financiación autonómica, ¿le preocupa que la región salga malparada?

Lo más inmediato que debe hacer el nuevo Gobierno que se forme, que espero que sea de Pedro Sánchez, es abordar un nuevo modelo de financiación autonómica en el que no se tenga en cuenta el volumen de recursos que nos repartimos entre las comunidades autónomas, sino el volumen de recursos que nos repartimos entre el conjunto de las administraciones, y por tanto incluyo también al Estado, y entiendo que la distribución de recursos se debe hacer en función de las competencias que tenemos asumidas. Por lo tanto el nuevo modelo tiene que garantizar el principio de suficiencia, que contemos con recursos suficientes para financiar las competencias que hemos asumido sobre prestación de servicios públicos, debe ser un modelo que intente reducir las diferencias interregionales, con ese principio de solidaridad. Tiene que ser un modelo que permita la convergencia real entre regiones. Y debe serlo también que permita que el reparto de los objetivos de estabilidad entre Estado y comunidades se realice atendiendo al gasto que asumimos; por ejemplo que la reducción de déficit de las comunidades, que es de más del 50 por ciento, y el del Estado es justo al mitad, del 25 por ciento. Por eso he dicho que aun no estando satisfechos con el objetivo de déficit lo vamos a respetar, pero ese reparto de déficit se debe realizar de otra manera.

De vuelta al presupuesto, este año no se ha abordado ninguna reforma del IRPF ni del Impuesto sobre el Patrimonio, propuestas ambas incluidas en el acuerdo de Gobierno con Podemos. ¿Se abordarán en el corto plazo?

Hay un acuerdo de investidura de modificar ambos impuestos. Este año no se va a abordar. También les he dicho a Podemos que es importante que nos esperemos a ver cuál va a ser la reforma fiscal que se aborde en el Estado para después ver de esa reforma fiscal cuál va a ser la capacidad normativa de las comunidades autónomas con estas dos figuras. El PSOE viene trabajando en una reforma tributaria que aparte de luchar contra el fraude fiscal intenta coordinar el Impuesto sobre el Patrimonio con el IRPF para determinar la capacidad económica en función de lo que se tiene, y por eso es importante esperar a ver cómo aborda el Estado la reforma fiscal antes de modificar el IRPF, antes de abordar posibles modificaciones en el ámbito de la comunidad autónoma. En cualquier caso, y de no afrontarse esa reforma, negociaremos con Podemos para ver cuáles son esas modificaciones que pongan de manifiesto mejor la capacidad económica de quien tiene que pagar esos impuestos.

¿Podría tener que esperar a 2017 entonces?

Es posible.

La modificación del impuesto de sucesiones, ¿a quién va a afectar? ¿Quién va a pagar?

 Actualmente hay una bonificación del 95 por ciento de la cuota, y lo que hacemos es elevarla al 100 por ciento para bases liquidables inferiores a 175.000 euros. ¿Qué significa eso? Que las pequeñas herencias, las que se producen entre padres e hijos, de pisos, viviendas o pequeños terrenos no van a pagar impuesto de sucesiones como venía ocurriendo hasta ahora. A partir de bases superiores a 175.000 vamos a establecer tramos de tal manera que quien verdaderamente va a notar un poco más y tendrá que pagar un poco más son aquellas que son superiores a 300.000 euros que se van a beneficiar de una reducción del 80 por ciento, antes era del 95. Conseguimos que, de acuerdo con los datos de ejercicios anteriores, el 98 por ciento de las herencias de esta región no paguen este impuesto.

Las patronales de empresarios y autónomos esperaban un paso más en el tema de tasas y la eliminación de aquellas que gravan la actividad. ¿Se contempla para el futuro?

No hemos terminado desde la Consejería de abordar todas las modificaciones de las tasas. Hemos abordado una primera reforma que realmente supone la supresión de 30 tasas, el establecimiento de exenciones en otras 10, y otras modificaciones; pero no nos cerramos para seguir trabajando, efectivamente, no ya para reducir las tasas sino para hacerlas acordes con la prestación del servicio que gravan.

Ese abordaje, ¿podría ser en el corto plazo?

En el ejercicio presupuestario del año que viene.

La medida de las 35 horas para los funcionarios ha traído cola. ¿Qué problema de competencia existe? Porque se habla incluso de un recurso por parte del Estado contra la norma...

En esta comunidad autónoma se adoptó la decisión de que los funcionarios recuperaran la jornada laboral que tenían con anterioridad a 2011. Primero la señora Cospedal lo elevó a 37,5 con una norma de carácter autonómico y después lo hizo el Estado con carácter general para todo el país. Es verdad que después ha habido modificaciones normativas de tal manera que la norma por la cual el Estado establecía las 37,5 horas ha quedado derogada y nosotros, en base a esa nueva norma que es la Ley del Estatuto del Empleado Público, que posibilita que cada administración apruebe las jornadas laborales que considere más oportunas, es por lo que redujimos la jornada a 35 horas.

¿Y el recurso?

El Estado, el Gobierno de Rajoy en funciones, que está en funciones para unas cosas y para otras no, por ejemplo, para no reunirse con nuestro presidente y no abordar problemas como Elcogas, y sí que se está para interponer un recurso de inconstitucionalidad, que es verdad que no se ha interpuesto pero han iniciado los trámites que establece la Ley Orgánica del TC que dice que debe reunirse una comisión mixta con miembros de la comunidad autónoma y el Estado para tratar de buscar un acuerdo. Todos esos trámites se han iniciado y además con una celeridad inhabitual para lo que es el funcionamiento de la Administración del Estado. El viernes 12 se nos comunicó el inicio de ese procedimiento, contestamos ese día 12 porque queremos aclararlo cuanto antes, aunque tenemos la seguridad jurídica de haber actuado conforme a derecho, y el mismo lunes se nos remitió el documento para iniciar negociaciones. Para el ciudadano que se queja de la lentitud de la administración, esto se ha hecho con muchas prisas de un Gobierno en funciones y que incluso considero que, de seguir adelante este proceso, es muy probable que no nos sentemos con el señor Montoro sino con el futuro ministro. No serán las mismas personas las que están intentando poner trabas a un derecho y que saben que no van a continuar. En este procedimiento se nota la mano de la señora Cospedal, que no sólo se ha dedicado cuatro años a reducir los derechos de los funcionarios cuando gobernaba sino que pretende hacerlo desde la oposición.

¿Cuántas de las contrataciones previstas en Sanidad pasarán al capítulo uno?

Tenemos previstas unas 1.040 contrataciones a lo largo de este ejercicio. Son más de las que nos comprometimos a abordar en el primer año de legislatura, que eran 1.000. Son necesarias para acometer la reducción de las 35 horas, así que serán todos de carácter estructural y permanente. Con las 35 horas no sólo mejoramos la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores, sino que se aumenta la plantilla y por tanto la calidad de la asistencia sanitaria.

El futuro de la financiación de la educación concertada ha levantado polvareda. ¿Desaparecerá la ayuda pública a estos centros?

En absoluto. Con el PSOE se ha demostrado que pueden convivir perfectamente la educación pública con la concertada, en absoluto va a desaparecer.

¿Qué va a pasar?

Ha habido un deterioro muy importante de la educación pública en los últimos cuatro años. El PP no apuesta por la pública, le gusta más la concertada; a Podemos parece que le gusta más la pública y ataca la concertada, pero el PSOE considera que pueden convivir ambas. Como consecuencia de ese deterioro importante en la educación pública en los últimos cuatro años es necesario invertir en educación, y se invierte a través de la reducción de ratios que implica una mayor contratación de docentes y con infraestructuras educativas. En la medida en que nosotros gastemos más en educación pública, lógicamente el peso relativo de la concertada se reduce sobre el conjunto del gasto total.

Un gasto que se va a mantener.

Por supuesto. Se va a mantener, pero a medida que nosotros aumentemos la oferta de educación pública será menos necesaria la concertada, pero la que hay es la que hay.