La Asociación Provincial de Empresarios de Ciudad Real mueve ficha y ha solicitado la anulación del decreto que ponía lugar y hora al botellón en la capital y que firmó la alcaldesa, Pilar Zamora, el pasado día 9 de octubre.
Los hosteleros, desde el minuto 1, han mostrado su rechazo a la disposición municipal contra la que cargan de nuevo en el recurso presentado ante el Ayuntamiento que firma el presidente de la asociación, José Crespo, y fechado el pasado 12 de diciembre.
En el escrito, los hosteleros entienden que el decreto puede ser contrario a derecho, ocasionando «un posible perjuicio a la seguridad de los ciudadanos» y también «a los intereses del sector empresarial de la hostelería».
En concreto, la patronal de la hostelería entiende que el texto redactado por el equipo de Gobierno pretende poner solución a un «grave problema» mediante un decreto «que ni ha sido valorado en su justa medida desde el punto de vista jurídico, ni se han previsto sus consecuencias y que desde luego no ha sido consensuado ni estudiado por los colectivos afectados».
En su escrito, los hosteleros señalan al Ayuntamiento al que indican que es responsabilidad municipal e insta en que la clave reside «en la voluntad de aplicar la ley» para poner coto al botellón.
Mano tendida. Eso sí, desde la organización que lidera Crespo en la provincia vuelven a tender la mano al diálogo, «confiamos en llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento», indican en su escrito, en el que ponen como ejemplo la provincia de Albacete, con una ordenanza «que garantice la tranquilidad del entorno, la seguridad jurídica del empresario hostelero, la protección de los menores de edad frente al consumo de alcohol y evitar situaciones de insalubridad».
También afirman que existe controversia entre si dejar beber alcohol en la calle Echegaray choca contra otras normativas y acciones encaminadas a la prevención del consumo de alcohol, como el propio plan municipal de adicciones elaborado por el Ayuntamiento o la propia ordenanza de Convivencia y Ocio, «que se dicta con el fin de introducir medidas para regular los mecanismos de control, prohibiciones y limitaciones como resultado de la preocupación que ocasiona el fenómeno del botellón». Ahora, el decreto, dicen los hosteleros, «vacía de contenido» la ordenanza municipal al permitirse el alcohol en la calle los jueves, viernes, sábados y domingos, incluidos vísperas de festivos.
Otro aspecto duramente criticado por la asociación empresarial es que mientras ellos están obligados a cumplir la prohibición de que sus clientes saquen las bebidas a la calle, con amenazas de «rigurosas sanciones», el decreto abre la puerta de la «permisividad» a el alcohol en la calle. Por otro lado, también hablan de «competencia desleal» del botellón, con un horario autorizado que va desde las 23 hasta las 4 horas, frente a los establecimientos nocturnos legalmente autorizados con horarios para bares, disco bares y pubs más restrictivos en algunos días. Eso repercute «económicamente sobre el sector, abocando al cierre junto con la pérdida de innumerables puestos de trabajo», afirma el colectivo empresarial, que además advierte del impacto que las «macro concentraciones de jóvenes» generan sobre los ciudadanos, en forma de ruidos, suciedad que se genera, olores o el propio ruido de la maquinaria que se necesita para la limpieza.