La factura electrónica permitirá el ahorro de 40.000 euros en papel

Ana Pobes
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La Diputación pone en marcha el programa de remisión de facturas, operativo desde el pasado 4 de septiembre, con fondos propios y «sin conllevar ningún gasto añadido»

Nemesio de Lara durante la rueda de prensa - Foto: /LT

La Diputación sigue trabajando en la implantación de la administración electrónica y ha dado un paso más con la puesta en marcha de la plataforma FACe de remisión de facturas electrónicas. Un programa, operativo desde el pasado día 4 de septiembre, con el que la Institución provincial espera ahorrar unos 40.000 euros de papel al año. Así lo explicó el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, quien puso como ejemplo que la Diputación recibió el año pasado más de 13.000 facturas, por lo que a un coste medio directo de tres euros en la generación y remisión de las facturas en papel supondrá un ahorro de unos 40.000 euros anuales.

Acompañado del diputado responsable de Administración Electrónica, Nicasio Peláez, De Lara aseguró que la nueva facturación on-line conllevará además otra serie de ventajas como la agilización de trámites reduciendo a «menos de la mitad» el tiempo utilizado hasta la fecha entre la presentación de la factura y el pago. Y es que el proceso permite al titular de la factura disponer de toda la información del proceso, de manera que «el empresario o el proveedor no tiene necesidad de moverse de su casa o puesto de trabajo», ya que por «internet consigue que la factura entre en el registro y reciba un justificante que acredita que ha sido presentada». La tramitación se puede llevar a cabo a través de la propia web de la Diputación y el programa, puntualizó, se ha puesto en marcha con fondos propios y «no ha supuesto ningún coste añadido».

El objetivo de la Diputación es  promover la facturación electrónica entre todas las empresas de la provincia sin esperar al 15 de enero de 2015, fecha en la que será obligatorio por ley. En este sentido, De Lara recordó que la ley 25/2013 recoge que a partir de esa fecha la factura electrónica será obligatoria para todas las empresas y proveedores de las administraciones públicas, con una moratoria para aquellas facturas que superen los 5.000 euros de importe.

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