Actualmente, 213 personas están en lista de espera para acceder a una de las residencias de mayores públicas y concertadas de Ciudad Real, mientras que en el conjunto de la región la cifra de solicitudes de plaza rebasa las 1.468, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. En el caso de esta provincia, la reducción del número de ancianos que aguardan su turno es de un 74,6 por ciento con respecto a tres años atrás. Entonces, en junio de 2011, eran 839 (hasta 3.999 en Castilla-La Mancha).
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan José García Ferrer, explica que «hasta 2010 por cada cuatro solicitudes que había, sólo se realizaba un ingreso». Ahora, teniendo en cuenta que «sólo entra quien realmente lo necesita», la lista de espera ha ido adelgazando progresivamente. No en vano, en abril de 2014 los mayores pendientes de acceso a una plaza residencial eran 247.
La crisis económica ha girado factura a los recursos de atención a personas mayores. «En el momento que alguno de los hijos se queda sin obligaciones laborales, una de las opciones es cuidar de su familiar», precisa García Ferrer. No obstante, incide en la política de servicios sociales de la Junta de Comunidades y asegura que «entre 2009 y 2010 se cometió el gran de error de priorizar en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el pago de ayudas para el cuidado en el hogar». «Lo que debía ser una excepción, se convirtió en una norma. El 95 por ciento de los dependientes atendidos en la provincia percibían una prestación económica», según lamenta.
Esta situación, según argumenta, conllevó el abandono de muchas plazas residenciales por parte de mayores que precisaban de atención especializada dadas sus limitaciones y, en consecuencia, la ruptura de «un modelo profesionalizado». «El número de personas válidas en residencias era a finales de 2010 mayor que la cifra de dependientes», asegura haciendo hincapié en la necesidad de derivar a los mayores con plenas facultades a recursos de otras características (por ejemplo, centros de día), apostando por la atención domiciliaria. Y es que entre las circunstancias desfavorables de esta provincia figura el de ser «una de las que mayor número de residencias con menos de 30 plazas tiene».
«Hay menor presión en la demanda, porque se han reducido las plazas para válidos en favor de las destinadas a dependientes», pone de manifiesto García Ferrer, al tiempo que señala que «sus cónyuges podrán acceder a una residencia por 700 euros al mes». De este modo, desde una visión global, la redistribución de los recursos se ha convertido en la máxima de la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes. «El modelo actual tiene menos fugas», defiende en el marco de «un cambio de cultura» que también pasa por la promoción de la autonomía personal y el envejecimiento activo. «La residencia debe ser un centro multifuncional de servicios sociales y, en cualquier caso, la última opción», sostiene.
García Ferrer pone en entredicho el modelo alemán de residencias, es decir, aquellas que han sido construidas por una empresa privada que se encarga de su gestión (en muchos casos a 40 años) y presta asistencia a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, encargada de derivar a los residentes. «No se hizo una correcta planificación de dónde se debían ubicar», precisa recordando que en la provincia hay cuatro ubicadas en Daimiel, La Solana, Alcázar de San Juan y Tomelloso. Entre todas ellas, suman hasta 480 de las cerca de 3.000 plazas públicas y concertadas que hay en la actualidad (si se cuentan las privadas superan las 6.000). «Hay plazas vacías por la que estamos pagando todos los días una media de 30 euros», asevera. (Más información en la edición impresa)