Los administradores concursales nombrados por el Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real, encargado del proceso judicial de la cooperativa miguelturreña Tierra de Calatrava, reconocen que el número de perjudicados por la situación económica que atraviesa la sociedad puede superar las 2.000 personas. Una cifra que podría incrementar la deuda que tendría la cooperativa y que ascendía a 38 millones de euros con 1.700 acreedores, según los datos facilitados por el Consejo Rector en la única asamblea celebrada por semejante crisis, el pasado 9 de febrero, tras destaparse el «agujero» de la sociedad. Ahora, ese número de personas ha aumentado en al menos 300 perjudicados más.
La mayor parte de los afectados son clientes de la sección de crédito de Tierra de Calatrava (unos 600 socios y 400 clientes que no son socios) que tienen retenidos sus ahorros en la entidad desde mediados de enero, cuando el Banco Santander (entidad colaboradora hasta entonces) decidió suspender las operaciones con la entidad. Entre los perjudicados está el propio Consistorio de Miguelturra, con 1,3 millones de euros bloqueados por esta situación.
A estos se suman las personas y empresas a las que la sociedad agrícola debe dinero por la compra de material, las últimas cosechas depositadas en la entidad o las deudas de la sociedades paralelas, como el restaurante El Coliseo que la sociedad tenía en la calle Tinte de Ciudad Real, entre otros posibles afectados.
Para facilitar el proceso judicial, dos de los tres administradores concursales que han aceptado el cargo ya han comenzado a reunirse con los afectados para recoger la documentación. De momento, el tercer administrador concursal, la empresa Fertiberia, designada por el juez, no ha decidido todavía si asume o no este nombramiento, aunque probablemente adopte una decisión a lo largo de la jornada de hoy.
Los administradores, a través de un escrito remitido a los afectados, han informado sobre el inicio de la fase común del procedimiento concursal para «conocer la situación real de la cooperativa, las causas que han llevado a la solicitud del proceso judicial y permitir a los acreedores, sean o no cooperativistas, comunicar los créditos» que la entidad les debe.
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