No es ningún secreto que muchísimas empresas, fundamentalmente pymes y autónomos, estaban padeciendo problemas gravísimos, que añadir a los derivados de la crisis económica, por el impago de demasiadas facturas pendientes por parte de las diferentes administraciones públicas.
Hasta 50.000 millones de euros, según las previsiones iniciales del ministro de Hacienda, que habían salido del «circuito» del consumo privado por este motivo. Lo que había generado excesivas dificultades a las empresas pequeñas que no podían subsistir sin el cobro de los servicios prestados o de los productos servidos._Además, la situación había llevado al cierre de empresas y a la pérdida de puestos de trabajo. Empresas y empleos que en muchos de los casos se hubieran podido mantener de haber percibido aquello a lo que tenían derecho. Y para más escarnio, la Agencia Tributaria obligaba a pagar el IVA por adelantado de las facturas no cobradas, lo que complicaba aún más la contabilidad y viabilidad de las empresas.
Cristóbal Montoro parece haber sido sensible a las demandas planteadas desde hace meses, y ha dado una respuesta rápida, eficaz y necesaria para revitalizar el consumo. Y ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros aprobará un mecanismo, que irá más allá del ICO y contará con la colaboración de las entidades financieras, para que la inmensa deuda que las administraciones tienen con los proveedores pueda liquidarse en varias semanas, si acaso meses. El objetivo de la medida será inyectar liquidez al sistema y garantizar la supervivencia de cientos o miles de empresas que están ahora hipotecadas por sus deudas sin cobrar con las administraciones.
Este mecanismo supondrá una gran operación financiera que el Estado está en condiciones de acometer, afirma el ministro. Y además pretende que sea un mecanismo ágil, de forma que los proveedores no tengan que pasar por las administraciones para cobrar, sino que puedan ir directamente a las entidades financieras, lo que sin duda puede evitar «desvíos» improcedentes, como que algún dirigente pretenda hacer frente a «otras necesidades».
Se trata, en definitiva y según el titular de Hacienda, de que todas las facturas pendientes puedan ir a un recurso financiero, con los controles que establece el Gobierno de España, y que la medida sea un paso básico para recuperar el ánimo de la Ley de Morosidad y de esta forma suponer una inyección económica para toda España.
Y también es de recibo reconocer que se está destacando un hecho que «per se» debería ser lo más normal del mundo, es decir que las administraciones públicas cumplan con su obligación de hacer frente a su deuda comercial debe ser lo normal, no la excepción, como ha venido ocurriendo en demasiadas ocasiones.
Por ello es meritorio destacar la afirmación de Montoro de que con esta decisión se pretende demostrar que somos un país que cumple y trasladar al sector privado que los plazos de las deudas comerciales deben abonarse en los plazos establecidos por la Ley de Morosidad vigente. Realmente ya era hora de que esto fuera así, y no lo contrario como ha venido ocurriendo.