Las manifestaciones y protestas estudiantiles que se han producido durante los últimos días en Valencia, y que tuvieron su origen en el rechazo a los recortes en educación, han derivado en una bronca política y un alud de críticas por la exagerada actuación policial del pasado lunes. El hecho de que un grupo de manifestantes infiltrados y violentos aproveche situaciones de este tipo para crear problemas no justifica abusos de la autoridad que, tajantemente, hay que rechazar. Si la actuación policial fue desmesurada, como parece que ha sido, habrá que depurar responsabilidades. Las posteriores declaraciones de mandos policiales y algunos cargos políticos tampoco son las más prudentes para buscar una solución a un conflicto que necesita más diálogo y debate que reproches y porras. Tan solo apelando a la serenidad, al diálogo y al aislamiento de la violencia se podrá dar una solución cívica a esta situación, en la que no hay enemigos.

La Constitución garantiza exhibir a pleno pulmón la indignación, pero nunca a empujones, puñetazos, botellazos o «quemando la calle». Siempre hay que evitar que se jalee la violencia y que se aprovechen este tipo de conflictos para azuzar el clima político nacional. No ayudan a ello quienes opinan que las movilizaciones de Valencia, que recordemos comenzaron en un instituto, son una estrategia predeterminada de la "izquierda". Sin ir más lejos, este mismo domingo miles de personas convocadas por los sindicatos se han manifestado en paz contra la reforma laboral. Tampoco hace bien la oposición cuando utiliza este problema con fines partidistas, ni quienes usan el Congreso con fines pancartistas.

Las protestas y quejas, en un estado de derecho como el nuestro, son legítimas y saludables y deben tener un cauce democrático, cívico y pacífico. El derecho de reunión y el derecho de manifestación tienen que ser engrandecidos entre todos y separarlos de las provocaciones que, lejos de engrandecerlo, lo empequeñecen. Muchos españoles se entusiasmaron hace un año con el movimiento pacífico del 15-M que brotó en las calles, dotándolo de un aura de romanticismo, ingenuidad y autenticidad novedosa. Pero ese movimiento indignado devino por momentos en un indignante ensañamiento con violencia contra los que el pueblo había votado. Apropiándose de unos apoyos que la ciudadanía concedió por compartir unas ideas básicas, algunos se embarcaron en una campaña violenta de marcaje a los políticos y cerco a las instituciones. Ahora hay que evitar que aquello se pueda volver a repetir. Los que pretendan actuar bajo el paraguas de una movilización cívica y pacífica para capitalizarla y librar sus propias batallas no son buenos compañeros de viaje, y no deberían representar a nadie. Ni antes, ni ahora.