Miles de manifestantes se movilizaron ayer en más de medio centenar de ciudades españolas para mostrar su rechazo frontal a la reforma laboral que ha puesto sobre la mesa el PP. Los sindicatos quisieron exhibir su poder de convocatoria en una claro aviso al Gobierno para que abra un período de diálogo en el que se puedan consensuar algunos de los puntos más controvertidos de la reforma. Un deseo que parece más que complicado que pueda hacerse realidad tras escuchar las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el cierre del Congreso popular de Sevilla, en las que aseguraba que la reforma es «justa, buena y necesaria para España». Sabedores de que su imagen ha caído con estrépito durante los últimos años por, entre otros aspectos, su arbitraria connivencia con la errática política llevada a cabo por los socialistas, los representantes de los trabajadores quieren echar el resto con la finalidad de hacer ver a la sociedad que hoy, por más que muchos lo duden, son más necesarios que nunca. La sombra de la posible celebración de una huelga general se podía intuir ayer en las calles, con proclamas y lemas que hacían referencia al final de la paz social.
Un interesante artículo aparecido en la prestigiosa revista británica The Economist advertía a los sindicatos de que el éxito de la reforma laboral dependerá de ellos y de su elección entre proteger los puestos de trabajo o el salario de sus afiliados. Muchas son las voces que han atacado a UGT y a CCOO por su pasividad, por el elevado nivel de vida de algunos de sus representantes, así como por la alarmante cifra de liberados. Estas generalizadas críticas están contribuyendo a crear un clima cada vez más tenso y están empujando a las centrales sindicales a una radicalización que, como ya han anunciado, irá in crescendo.
Es un hecho que la situación económica nacional es complicada. Los más de cinco millones de parados y la asfixiante falta de crédito han llevado al país a asomarse de nuevo al precipicio de la recesión. Una jornada de paro generalizado le costaría a España el 0,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), es decir, 7.680 millones de euros siempre que la movilización fuera respaldada por la práctica totalidad de los asalariados. No hay duda de que los sindicatos deben defender a los trabajadores y de que la huelga es un derecho, pero no es menos cierto que el país necesita de todos para salir del profundo bache en el que se encuentra y que los representantes de los trabajadores tienen una gran responsabilidad en este difícil cometido.