Opinión

17/03/2010

Mucha economía sumergida

latribunadeciudadreal.net

La economía sumergida en Ciudad Real supuso en 2008 (último ejercicio conocido) más de 3.200 millones de euros. Esta deficiencia recaudatoria es de enorme gravedad en un país que se ha habituado a detraer dinero de todos, como si fuera una costumbre inocua o una especie de pecado económico venial que, de una manera u otra, todos vamos a cometer en cuanto tengamos ocasión. Precisamente, en medio del debate sobre una de las últimas medidas del Gobierno para afrontar la crisis, el que gira sobre la conveniencia o no de aumentar el tipo impositivo del IVA, se ha conocido la dimensión del fraude que genera la actividad económica opaca, de la que es tan culpable el que no la persigue como el que la practica: España está, junto a Italia y Grecia, a la cabeza porcentual de economía sumergida.
Recientes estudios prevén que la actividad no declarada en nuestro país pase de suponer el 18,7% del PIB de 2008 al 19,5% de este año. Este dato supone que se generarán 210.000 millones de euros que no estarán contabilizados. Hay quien apunta que entre 12 y 15 millones de trabajadores se dedican a actividades sumergidas. La cifra incluye a los empleados con contrato legal, pero que dedican entre 10 y 15 horas semanales a trabajos no declarados. La creencia de que sin contrato legal se obtienen mejores ingresos forma parte de la mentalidad del dinero fácil, de los ingresos rápidos, una práctica de riesgo desde el punto de vista personal, además de profundamente insolidaria; de riesgo porque quienes la practican no caen en la cuenta de lo importante que resulta mantener una base de cotización alta a la hora de beneficiarse de las prestaciones legalmente establecidas (indemnizaciones, incapacidades…); también insolidaria porque sustrae una buena parte de la contribución que precisa el sistema para garantizar subsidios, ayudas, financiación o pensiones. Pero sería injusto focalizar este problema en el trabajo por cuenta ajena, pues es en muchas profesiones liberales y en los servicios y obras importantes de colectivos de autónomos donde también se produce fraude.
Por tanto, y dada la preocupante envergadura de este problema, susceptible de acrecentarse en época de crisis, urge una reforma inmediata que incluya la mayor dotación de medios humanos y técnicos por parte del Ministerio de Economía y Hacienda para la lucha contra un fraude tan extendido y también una modificación en los criterios de recaudación, que grave de forma más progresiva y menos directa. Solamente con medidas así, la cobertura social llegará a los más necesitados y se garantizarán los servicios que la sociedad reclama.    

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