Hoy hace 30 años, el cierre de Paular SA y la incertidumbre sobre el futuro de la planta de etileno de Enpetrol llevó a CCOO y UGT a convocar una huelga general en la comarca de Puertollano. Se desarrolló los días 16, 17 y 18 de marzo de 1980. Fue un proceso ejemplar de respuesta laboral y social reclamando futuro para una comarca dependiente, casi en exclusiva, de la industria refinera y química. Los planes del Gobierno apuntaban su desmantelamiento progresivo y la potenciación del polo químico de Tarragona.
Ahora, Repsol-YPF actualiza tristemente aquel recuerdo al anunciar que sus plantas de Química y Petróleo deben parar; «sine die» en el primer caso y de forma temporal en el segundo. Reproduce así una situación de inquietud e incertidumbre que los trabajadores y trabajadoras de la empresa principal y de las auxiliares no merecemos.
En 1980, con un gobierno de UCD y con la empresa principal en manos públicas -Enpetrol, fruto de la fusión de Repesa, Entesa y Encaso, pertenecía al INI-, las decisiones pudieron modificarse, no sin dificultades, para que se contrajeran compromisos de recolocación de los trabajadores de Paular, y otros, y se acometieran inversiones en Puertollano para potenciar el complejo en su conjunto.
El sentimiento de reivindicación recorrió toda la comarca. La reclamación colectiva, encabezada por CCOO y UGT, fue apoyada por todos los estamentos laborales, sociales, económicos y políticos; eso sí, con algunas ausencias.
El debate sobre el futuro de una comarca que dependía en gran medida de ese monocultivo industrial, que daba empleo directo a más de 4.000 personas y generaba ocupación para otros 2.000 empleos indirectos, llegó al Congreso de los Diputados de la mano de Marcelino Camacho, secretario general de CCOO y en aquel entonces diputado del PCE. El ministro de Industria y Energía respondió declarando solemnemente que el sector petroquímico de Puertollano no estaba destinado a disminuir, sino orientado a un fuerte incremento, garantizó el empleo y comprometió tres grandes proyectos: incremento de destilación de crudos, construcción del cracker catalítico y reconversión de la planta de amoniaco de Enfersa.
En estos 30 años se han ido produciendo inversiones, mejoras productivas, medioambientales, avances tecnológicos, etc., hasta hoy, cuando Repsol-YPF nos aboca de nuevo a la preocupación y la incertidumbre.
Las diferencias entre ayer y hoy son notables. Pero, a mi juicio, la más importante es que el accionariado y la toma de decisiones ya no corresponden al ámbito de lo público.
La privatización de las empresas públicas, mutilando la capacidad industrial del estado, la iniciaron gobiernos del PSOE esgrimiendo la necesidad de hacer caja. Cuando llegó al poder, el PP concluyó el proceso sin pudor y con aires destemplados.
Fue un negocio ruinoso para la industria de nuestro país. CCOO se opuso, pero pocas voces nos acompañaron. Lejos de alarmarse, los medios de comunicación, el empresariado, la mayoría de los sectores económicos y sociales, aplaudieron las privatizaciones por modernas y eficaces.
Hoy, Repsol está en manos privadas, con un accionariado dominado por una constructora y una entidad financiera, Sacyr y la Caixa; y ahora hay que volver a reclamar una solución aceptable para los trabajadores y trabajadoras de la empresa principal y de las auxiliares; y lograr compromisos de reinicio de la actividad cuando pase la crisis provocada por el capitalismo voraz.
La manera en que Repsol-YPF ha comunicado sus propósitos, y la definición «sine die» de su propuesta para las plantas de la química, resultan inquietantes. Apuntan más a un cierre sin retorno que a un proceso coyuntural. Si pretende aprovechar la crisis apara emprender la reducción progresiva de la actividad en Puertollano, hay que frenarlo.
Los resultados industriales y económicos de Repsol-YPF se han conseguido con el esfuerzo y la entrega de mucha gente; la gente de Puertollano, cómo la que más. Para todos tiene que haber futuro, para todos tiene que buscarse salida.
CCOO y UGT han empezado movilizaciones. Hay que encontrar fórmulas para resolver el conflicto; hay que retornar a Repsol-YPF a otra senda; por el bien de la actividad industrial y por el empleo de muchas familias.
Ayer, en marzo de 1980, teníamos capital público al frente del complejo petroquímico. O asumía el compromiso con el territorio y participaba de la sensibilidad social, o se le convencía con firmeza, con iniciativa sindical y movilización general, cómo así ocurrió. Hoy, el frío interés privado, el que sólo mira la cuenta de resultados, puede quebrar la industria petroquímica de Castilla-La Mancha. Hay que impedirlo.
(*) Secretario Acción Sindical CCOO
de Castilla La Mancha.