La Junta de Comunidades busca a más familias temporales para los pequeños que aún viven en alguno de los 14 hogares o pisos de acogida con los que cuenta en la provincia: unos 140. Y es que el anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia quiere evitar que los menores de seis años en situación de riesgo ingresen en centros de protección. En la región no hay niños por debajo de esa edad fuera de entornos familiares, pero «sí algunos de siete y ocho años». Concretamente, en la provincia cerca de 350 pequeños cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos están bajo la tutela del Gobierno regional, que tiene a un total de 207 repartidos en familias de acogida. De ellos, medio centenar están con ajenas (ya sean monoparentales o parejas con hijos); mientras el resto han sido asignados a personas con las que tienen algún vínculo de consanguineidad, «principalmente abuelos, aunque también tíos».

Joaquín Núñez de Arenas, jefe de sección de Menores del servicio de Familia de los servicios periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales, asegura que ha disminuido la demanda en el actual marco socioeconómico. Y es que a la coyuntura actual se unen los recelos que suele generar este amparo de carácter temporal. «Quizá les da más miedo formar parte de este programa pero, cuánto peor están las cosas en la calle, hay más problemas, nos llegan más expedientes de protección», según confiesa. No obstante, en la actualidad tres familias aguardan en bolsa más que dispuestas a hacerse cargo de algún menor desamparado.

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