La Ley Ómnibus, que persigue reducir las tramas burocráticas para agilizar la prestación de servicios en su adaptación a la Ley Paraguas, será bien acogida por la Unión Interprofesional de Ciudad Real, una organización que nació en junio de 1.995 y que integra a los 17 colegios profesionales de la provincia, ya que -en palabras de su presidente, Cipriano Arteche- «busca dar transparencia a la gestión». Sin embargo, echa en falta ayudas públicas dado su impacto económico. De este modo, asegura que «la exigencia de que los colegios ofrezcan servicios como la ventanilla única para tramitaciones telemáticas de los expedientes, algo que ni la misma Administración ofrece, representa un coste económico muy elevado sin que se hayan arbitrado medidas que nos permitan contar con más recursos».
Este paquete de 47 medidas elimina restricciones como la imposibilidad de ejercer dos profesiones, el visado para un trabajo profesional -por ejemplo, un proyecto de un arquitecto-, o la fijación de baremos orientativos para los honorarios -el precio será fijado por ambas partes libremente-. Además, establece que la cuota de suscripción «no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción». Esto suprime la principal fuente de financiación de muchos colegios.
«limitada en exceso». En este sentido, el también decano del Colegio de Abogados explica que «el alta en un colegio supone el acceso inmediato a múltiples servicios, de un elevado coste económico». «Es cierto que se trata de evitar situaciones abusivas, pero nos parece excesivo limitar esta cuota en la forma que lo hace la Ley Ómnibus», según argumenta.
Arteche también apunta a la solicitud voluntaria del visado colegial de los trabajos profesionales como un «planteamiento polémico», aunque supone un ahorro para los profesionales y los consumidores. «Esta regulación va a afectar mucho a colegios como el de Ingenieros, el de Aparejadores y el de Arquitectos», sentencia. Y es que el visado se revela como un refuerzo del sistema de garantía de los trabajos técnicos que, además, previene el intrusismo laboral.
No obstante, la voz que representa a todos los profesionales colegiados de la provincia pone de manifiesto que «en cualquier caso muchas de las previsiones son positivas y, con ellas, se pretende que el funcionamiento de los colegios ante la sociedad sea más transparente». Y es que la Ley Ómnibus, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de enero de 2010, establece la publicación de una memoria anual sobre sus movimientos económicos y su actuación disciplinaria.
Además, los colegios deberán contar con un servicio que atienda las quejas tanto de los propios profesionales como de los usuarios. El objetivo es generar una mayor protección del consumidor ante posibles prestaciones defectuosas. (Más información en la edición impresa.)
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