Fachada del centro de menores de Azuqueca O´Belen.
La juez de Instrucción número 1 de Coslada (Madrid), encargada del caso de la menor de Ciudad Real fallecida a causa de las heridas sufridas tras saltar de la furgoneta que la trasladada al centro de menores de Azuqueca (Guadalajara), ha decretado la reapertura de las diligencias y ha citado al monitor que conducía el vehículo como imputado, según ha podido saber La Tribuna de fuentes solventes, quienes añadieron que también han sido llamadas a declarar las dos menores que viajaban con Saray G. M. el 12 de abril.
La juez ha informado de la reapertura once días después de que la abuela de la menor interpusiera una denuncia en su juzgado al saber que se había decretado el sobreseimiento provisional.
El abogado Miguel Ángel Carrillo Fernández, que se ha personado en la causa en nombre de la abuela, expresó ayer su satisfacción porque se ha tenido en cuenta la denuncia presentada para que se siguieran investigando los hechos y fueran citados a declarar el educador y las compañeras que viajaban con ella.
Saray G. M. pasó las vacaciones de Semana Santa en Ciudad Real, en casa de su abuela. El 12 de abril fue recogida en la estación madrileña de Atocha y llevada hasta la furgoneta que la iba a trasladar de nuevo al centro de menores de Azuqueca (Guadalajara) que gestiona la Fundación O’Belén. En un momento del trayecto saltó del vehículo y sufrió heridas que le causaron la muerte una semana después. A juicio del abogado Carrillo Fernández, «fallaron todos los controles y medidas de seguridad» y, por ello, pedía la reapertura del caso para que se conozca «la verdad, las circunstancias que rodearon los hechos que provocaron que la menor saltara del vehículo. Por qué no estaba accionado el cierre centralizado de la furgoneta». Ésta es una de las muchas preguntas que se hace la familia de la menor, que quiere respuestas, subrayó el letrado.
Ahora confían en que las cosas empiecen a aclararse, después de que la juez ha citado a declarar como imputado al monitor que conducía la furgoneta. «Para que se cumplan las garantías procesales», precisa Carrillo Fernández, quien explica que se le tomará declaración en presencia de su abogado al haber sido citado como imputado y no como testigo, que es el caso de las dos menores que viajaban con Saray G. M.
De momento no ha sido citada la directora del centro de menores, como pide el abogado, quien también reclama que se aporten todos los informes de la menor elaborados en el centro, incluidos los relativos a su situación de acogimiento. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenía la tutela de la menor, cuyos padres están cumpliendo condena.
Por ello, el abogado también reclama que se aporten los informes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional.
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