España

19/03/2010

Tragedia aérea en Turquía

El fiscal rechaza imputar a Trillo por la contratación del Yakovlev 42

Las familias de las víctimas alegan que el ex ministro ‘popular’ pudo «evitar las muertes»

El ex ministro de Defensa Federico Trillo, durante su visita al escenario de la catástrofe aérea.

EFE

Agencias/Madrid

Necesitado de un respiro que le libere del ahogo de la crisis y las encuestas, el PSOE trató de agarrarse ayer una vez más al clavo ardiendo del Yak 42 con la esperanza de que sus acusaciones a los populares puedan distraer a la opinión pública. No obstante, las intenciones de los socialistas, expresadas por su secretario de Política Municipal, Antonio Hernando, quien preguntaba al ex ministro de Defensa Federico Trillo si va a tener «un poco de vergüenza y dignidad» para asumir su responsabilidad política en este asunto, chocaron frontalmente con el criterio de la Justicia, convencida de que la tragedia aérea no esconde ninguna munición política.
De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer de manera meridiana a la petición de las familias de las 62 víctimas, que exigen nuevas imputaciones, entre ellas la del ex ministro de Defensa Federico Trillo, por las irregularidades en la contratación de la aeronave, siniestrada en mayo de 2003 en Turquía.
Así lo informaron fuentes jurídicas después de que la Sección cuarta de la Sala de lo Penal se reuniera a puerta cerrada para estudiar los recursos que las acusaciones presentaron hace 18 meses contra la decisión del juez Grande Marlaska de rechazar nuevas imputaciones.
Las mismas fuentes detallaron que el Ministerio Público considera que no se pueden «extender responsabilidades «como una mancha de aceite a toda la Administración militar española», por lo que apoyó que se mantengan las cinco acusaciones iniciales porque «no existen nuevos datos, ni se han producido otros hechos que modifiquen la causa».

Tortuoso camino judicial. Cabe recordar que el 20 de mayo de 2008 Grande Marlaska imputó por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Antonio Moreno Barberá, el jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), Juan Luis Ibarreta, y a los responsables de este último organismo José Antonio Martínez Sainz-Rozas, Joaquín Yáñez González y Alfonso Elías Lorenzo Taboada.
Un mes y medio después, el magistrado rechazó imputar a Trillo al no apreciar indicios de criminalidad en su forma de actuar, ya que el ex ministro no tuvo ningún protagonismo en la contratación del avión.
Tampoco imputó a los empleados de la empresa Chapman Freeborn (contratista de la aeronave) ni a los técnicos de Aviación Civil, porque entendió que «las condiciones y circunstancias de la contratación del avión siniestrado, en todo caso, gravitaban (...) sobre el Estado Mayor Conjunto.
Las familias recurrieron entonces para reclamar que se acusara a los ex jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y del Aire (JEMA) Luis Alejandre Sintes y Eduardo González-Gallarza Morales, respectivamente, como responsables de la tragedia.
Además, los allegados quieren que se impute a otros altos cargos de la cúpula militar, como el ex jefe de la División de Planes del Emacon Ángel Guinea y el ex responsable del Centro de Conducción de la Defensa (Cecod) José Antonio Beltrán.
A la hora de justificar sus pretensiones, que pondrían en tela de juicio a la práctica totalidad de las altas esferas del Ejército, el presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas, Ángel Sencianes, apeló ayer a la «madurez democrática», porque Trillo «es un ciudadano más que ha tenido mucho que ver;hasta el punto de que podría haber evitado 62 muertes».
Mientras, el abogado de la asociación, Leopoldo Gay, trataba también de implicar al Estado español, que debería en consecuencia hacerse cargo de las indemnizaciones, e insistía en que la operación desplegada en Afganistán fue «objeto de tutela por parte de la cúpula del Ministerio», por lo que «sería impensable» que el departamento que entonces dirigía Trillo no tuviera información sobre los informes que denunciaban «quejas o disfunciones» en el funcionamiento del Yak-42.
Precisamente este mismo miércoles el Supremo confirmó la condena de 3 años de prisión impuesta por la Audiencia al general de Sanidad Vicente Navarro por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos.    

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