España

17/03/2010

La lucha antiterrorista

Chávez olvida sus promesas contra ETA y vuelve a chantajear a España

El mandatario venezolano insiste en vincular a la Audiencia con la ultraderecha y proclama que, si se deterioran las relaciones bilaterales, Madrid «tiene mucho más que perder»

Hugo Chávez insinúa de nuevo que el contencioso de ETA y las FARC podría perjudicar a las empresas españolas instaladas en el país sudamericano.

EFE

Agencias/Caracas-Madrid

Como si estuviera empeñado en justificar todas y cada una de las críticas del PP, que lleva años denunciando el mesianismo y el talante dictatorial del presidente venezolano, Hugo Chávez, el mandatario sudamericano ha vuelto a echar un órdago al Gobierno español a cuenta de las denuncias de la Audiencia Nacional sobre la protección que su Ejecutivo presta a ETA y las FARC.
Sin duda envalentonado por la condescendencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que reiteradamente ha pasado por alto los insultos y desprecios que el mandatario de Caracas le ha dedicado a la Justicia patria, Chávez redobló ayer sus desvaríos e insistió en achacar la ultraderecha franquista la resolución del juez Eloy Velasco en la que se pone de manifiesto su connivencia con los asesinos.
Tras vincular de nuevo al magistrado con el ex presidente Aznar, el gobernante reiteró sus veladas amenazas contra los intereses económicos españoles en su país. «Si las relaciones se dañan, España tiene mucho más que perder», explicó el populista.
El venezolano también tuvo algunas perlas para el propio titular de la Audiencia. «Solo hay que ver las fotos de Velasco», difundidas por algunos medios en Venezuela la semana pasada, cuando en el año 2000, siendo funcionario del Gobierno autónomo valenciano, saludaba al fallecido líder de las FARC Raúl Reyes en una visita a España.
Acto seguido, y sin aportar evidencia alguna, Chávez proclamó que el caso abierto contra su Ejecutivo es «una locura, porque no hay ni una sola prueba que sustente la acusación».

Ciudadanos ‘normales’. Por lo que respecta a los etarras que fueron acogidos en Venezuela tras un acuerdo alcanzado por los presidentes Carlos Andrés Pérez y Felipe González en 1989, el venezolano se limitó a afirmar que habría que preguntarle al sevillano. «Que él les explique por qué decidió enviarlos aquí», apostillo antes de añadir que aquellos que recalaron entonces en el país sudamericano «hacen una vida rutinaria con sus familias venezolanas y no están implicados en ninguna acción terrorista».
Tales desafíos fueron acogidos, una vez más, con una actitud de buenismo condescendiente por parte del PSOE, quien, con una exquisita delicadeza para no molestar a su protegido, evitó enjuiciar el nuevo desplante.
Por boca de su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, el partido de Zapatero limitó su reacción a reiterar su confianza en que Chávez ayude a la Audiencia. «Esperamos colaboración de las autoridades venezolanas con la Justicia española», fue la escueta respuesta del ex ministro.
Bastante menos diplomática se mostró su homóloga popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien exigió a Moncloa que no se deje «ni amenazar ni amedrentar» por el responsable venezolano, antes de exigir al jefe del Ejecutivo que demuestre «la fortaleza» del Estado de Derecho frente a sus «bravuconadas». «El Estado de Derecho y la Ley están por encima de las amenazas de cualquiera», enfatizó la conservadora.
Ya de vuelta a la Península, fuentes policiales informaron ayer de que los expertos en la lucha antiterrorista barajan la posibilidad de que la banda vasca, cuya estructura operativa está bajo mínimos tras las redadas de los últimos meses, haya recurrido a jóvenes militantes de la izquierda abertzale para recomponer sus comandos.
De hecho, serían exactamente 14 los nuevos pistoleros, todos ellos antiguos dirigentes de la organización juvenil SEGI que se encuentran huidos desde la operación del pasado noviembre que se saldó con 35 arrestos. Además de informar sobre tal circunstancia, las Fuerzas de Seguridad ya han incluido fotografías y perfiles de todos ellos en la lista de los terroristas más buscados.
Cabe recordar que ya en aquel dispositivo policial de finales de 2009, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska explicaba en un auto que la ilegalizada SEGIno es más que «un tentáculo de ETA» y una «auténtica academia terrorista», cuya única finalidad consiste en garantizar «la continuación de la lucha armada».
En su escrito, Grande Marlaska citaba a tres de los huidos, Olatz Izagirre, Gaizka Likona y Carlos Renedo, como cabecillas de SEGI e integrantes de su cúpula directiva. En el listado actualizado de los pistoleros más peligrosos aparece también desde hace pocas fechas el presunto nuevo hombre fuerte del aparato militar de ETA y jefe de los comandos, Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe.
Fuentes de Interior sitúan a este pamplonica de 37 años en la Zuba, denominación en euskera del comité ejecutivo de la banda, en el que compartiría responsabilidades con Eneko Gogeaskoetxea, el veterano terrorista José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo, y la presunta jefa del aparato político de la organización asesina Iratxe Sorzabal.    

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