David Duke (i), ex miembro del Ku Klux Klan, posa junto al propietario de la Librería Europa, Pedro Varela.
Un juzgado de Barcelona ha impuesto dos años y nueve meses de prisión a Pedro Varela, neonazi reconocido y propietario de la Librería Europa, al que condena como autor de un delito de difusión de ideas genocidas y otro contra los Derechos Fundamentales garantizados por la Constitución. El librero deberá, además, pagar una multa de 2.880 euros. La magistrada encargada del caso considera probado que el conjunto de libros confiscados en el establecimiento de Varela reflejan un «menosprecio al pueblo judío y a otras minorías, llegando incluso a recomendar la segregación racial».
Asimismo, la jueza asegura, con un razonamiento jurídicamente peculiar, que el condenado no es culpable por «una actividad determinada», sino por un «cúmulo de circunstancias» que rodean su actividad. Como editor, subraya, es penalmente responsable por el contenido de los libros.
A pesar de que durante el juicio el dueño de la Librería Europa -ex presidente del grupo ultraderechista Cedade- llegó a alegar que no ha leído todas las obras que publica, la togada considera en su resolución que tal argumento «no es creíble», ya que Varela demostró tener unos conocimientos propios de una persona con mucha cultura, por lo que, siempre según la togada «debía conocer el contenido de dichos volúmenes».
Antisemita furibundo. En la sentencia se detalla que Varela edita libros de una determinada ideología, los vende, organiza y divulga mediante conferencias y tiene una estética determinada -pro nazi- en su local.
Son textos, explica la magistrada, en los que «se hace responsable de los males del mundo al pueblo judío, donde se dice que las personas de raza negra son inferiores y que el mestizaje traerá la desaparición de la civilización».
La juez destaca que el ordenamiento jurídico ampara la libertad de expresión pero no «el discurso del odio». Acuerda también el comiso de todos los libros confiscados, así como el busto de Hitler, la esvástica de hierro y otros elementos intervenidos en su sala de conferencias. Una vez la sentencia sea firme, ordena que se proceda a su destrucción.
Durante la vista, celebrada el 29 de enero, el librero argumentó que es el público quien decide, y que, si vende ese tipo de temática, es porque «hay interés» por parte de la gente.
Explicó además que su librería no es un partido político y que no ha cometido «ningún crimen» porque solo edita y comercia con «textos históricos», de modo que es «absurdo» que se le considere genocida por vender un libro.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular -que representaba a la comunidad israelita en Barcelona- solicitaban que se impusieran a Varela cuatro años de cárcel, mientras que su defensa pedía la absolución por considerar que en España «no hay libros prohibidos» y que se está vulnerando «la libertad de ideología».
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