El presidente francés, Nicolas Sarkozy, durante su visita a los familiares y compañeros del gendarme asesinado por ETA.
Inmediatamente después de reunirse con los familiares y compañeros del gendarme asesinado por ETA, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, afirmó ayer que quienes atenten contra su Policía deben ser «sistemáticamente» condenados a 30 años de cárcel. «No podemos aceptar ninguna complacencia en este área», proclamó el mandatario pocos minutos después de definir al agente muerto a manos de la banda vasca, de 52 años, como un «valiente oficial».
«Aquellos que asesinaron a Serge Nerin serán encontrados y castigados con gran severidad», advirtió el jefe del Estado galo antes de anunciar que los investigadores trabajan con «elementos suficientemente precisos» para que, «tarde o temprano, se encuentre a los cómplices» del crimen.
«Francia no puede ser intimidada por los terroristas. España es una democracia, estamos en el lado de la democracia española y estamos combatiendo a los terroristas», sentenció Sarkozy tras mostrar personalmente sus condolencias a la familia del policía tiroteado en la tarde del pasado martes en una localidad próxima a París.
El primer miembro de las Fuerzas de Seguridad gala asesinado por ETA en su medio siglo de trayectoria criminal será enterrado el próximo martes en la localidad de Melun con la presencia del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Cabe añadir que en el mismo ámbito del endurecimiento del castigo a los etarras, el inquilino del Elíseo dio además instrucciones a su ministro del Interior, Brice Hortefeux, para que los agentes del orden presenten una denuncia «al menor insulto» o falta de respeto. Según diversos analistas, tanto las tres décadas de confinamiento como esas instrucciones para defender a los miembros de las Fuerzas de Seguridad son medidas que van incluso más allá del acoso a ETA, puesto que se enmarcan en una nueva ofensiva del Ejecutivo del país vecino contra la violencia en términos generales que forma parte de una estrategia más amplia concebida para atraer votos para la segunda y definitiva ronda de las elecciones regionales, que se celebra el domingo.
Injurias. Sin abandonar la estrecha relación con el país vecino, la Fiscalía General del Estado informó ayer de que considera que las declaraciones hechas en los últimos meses por diversas personas y colectivos acusando a las Fuerzas de Seguridad de actuaciones ilegales en el caso de la desaparición del etarra Jon Anza, cuyo cadáver apareció días atrás en una morgue francesa tras un año desaparecido, constituyen un delito de injurias.
Por tanto, el asunto se remitirá a la Fiscalía de San Sebastián para que abra diligencias para defender a los cuerpos policiales.
El Ministerio Público ha tomado esta decisión después de que Interior le remitiera el miércoles un dossier en el que se recogen las manifestaciones supuestamente injuriosas aparecidas en diversos medios de comunicación en las que se acusaba a la Policía y a la Guardia Civil de haber secuestrado, torturado, asesinado e incluso enterrado en suelo francés a Anza.
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