La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer al paso de la densa papilla informativa generada por el triple frente compuesto por las querellas presentadas contra Garzón en el Supremo, por el auto del juez de la Audiencia Eloy Velasco en el que denunciaba la connivencia del Gobierno venezolano con ETA y por las continuas y cada vez menos veladas acusaciones sobre la descarada politización de la cúpula de los tribunales.
Pocos días después de que un vocal del mismo CGPJ dimitiera precisamente por considerar que los nombramientos de los togados se realizan en atención a connivencias entre los partidos, el máximo órgano de gobierno de los magistrados ejerció de ofendido y, por medio de su portavoz, Gabriela Bravo, exigió a las formaciones políticas «el máximo respeto a la función de los jueces».
Bravo, que leyó una declaración institucional momentos antes de clausurar una jornada sobre la mujer profesional celebrada en Valencia, declaró además que «respeta» las palabras de elogio hacia Baltasar Garzón vertidas el fin de semana por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aunque aseguró que «no influirán» en la labor del Tribunal Supremo, que debe resolver tres querellas presentadas contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco.
Rechazo a Chávez. Bravo comentó asimismo los exabruptos proferidos por el Gobierno de Hugo Chávez contra el también juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, respecto a los cuales sostuvo que el Consejo «rechaza las críticas que van más allá del derecho a la libertad de expresión y que constituyen un ataque al Poder Judicial».
Tras leer la nota que llevaba preparada, la portavoz contestó a las preguntas de los periodistas presentes y, al hilo de una de ellas, consideró «necesario» recordar a los ciudadanos que el actual modelo de Poder Judicial, desde que en España se instaura el sistema democrático, está constitucionalmente formado por jueces y magistrados independientes que «actúan con máximo rigor desde su plena independencia, aplicando siempre el principio de legalidad».
Así, puntualizó que el organismo al que representa «respeta y entiende que las resoluciones judiciales que no se compartan estén sometidas a la crítica», y afirmó que, tanto los ciudadanos como los responsables políticos, «pueden ejercer ese derecho a la libertad de expresión y a la discrepancia». No obstante, en este punto aclaró que «aquella censura que va más allá de ese legítimo derecho y que, por tanto, constituye un ataque a instituciones tan básicas, «es intolerable».
No debió mostrarse demasiado convincente la representante del CGPJ, puesto que a los partidos les faltó tiempo para volver a la carga.
Así, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, proclamó que Garzón está sometido a un «acoso y derribo por parte de la derecha, en algún caso también por la extrema derecha -en referencia a Falange- para desacreditar, lanzar una cortina de humo y esconder las vergüenzas del pasado y del presente».
Después de señalar que tras esta «cortina de humo» también están «sectores del PP», el socialista dijo que las «vergüenzas» del pasado «todo el mundo las conoce», mientras que las del presente pasan por el caso Gürtel, que definió como «el más grave sucedido nunca en este país».
Bastante distinta fue la interpretación que realizó el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, quien negó que las acusaciones contra el titular de la Audiencia tengan relación alguna con la formación popular antes de añadir que el juez «debería irse antes de que le echen». «Que no se líen -señaló el conservador con los socialistas en mente-, el Tribunal Supremo tramita tres querellas contra Garzón y el PP no aparece en ninguna de ellas».