La deuda que soporta el Transporte de Viajeros por Carretera comienza a ser insostenible y, si la Junta de Comunidades y los ayuntamientos no pagan lo que se les debe, muchas empresas cerrarán en poco más de un mes. Así lo confirmó ayer en rueda de prensa el presidente de la Federación Regional de Empresarios de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla-La Mancha (Fetvicam), Antonio Villavieja, que estuvo acompañado por los miembros de la Junta Directiva de la Federación. Villavieja informó de que el problema mayor que cierne sobre sus cabezas es que sus proveedores de gasoil ya no les sirven y, claro está, de nada sirve un autobús parado en las cocheras.
Pese a la insistencia de los periodistas por corroborar la cantidad de dinero que les adeuda la Administración regional, tan solo informó de que los impagos provienen de tres consejerías: Sanidad y Bienestar Social; Educación, Cultura y Deportes; y Fomento. Ésta última les adeuda todas las facturas de 2011 y parte de las del presente ejercicio. La Consejería que dirige José Ignacio Echániz les debe todo 2011 de la tarjeta que utilizaban las familias numerosas y desde junio de 2011, las tarjetas de personas de la tercera edad. Por último, la Consejería de Educación y Cultura adeuda facturas «con volúmenes importantes» desde mayo de 2010 y únicamente les han pagado dos meses de 2011 del transporte escolar en la región.
La situación del sector es «dramática», ya que hay empresas que deben hasta cuatro meses de nómina a sus trabajadores, otras que deben dinero a la Seguridad Social y empresas que ya están metidas en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI), «cuando esto no tenía que ser así si las administraciones religiosamente pagasen. No hay dinero ni para gasoil», decía Villavieja insistentemente.
Una flota antigua.
Otra de las consecuencias que arrastra estos impagos en la no renovación de la flota de autobuses. Villavieja recordó que el sector está compuesto por grandes, medianas y pequeñas empresas. Éstas últimas lo tienen muy difícil a la hora de adquirir nuevos vehículos por el coste que supone y las grandes, «si antes renovaban diez o doce autobuses, ahora sólo uno o dos». «Es tan gorda la cifra que nos deben que hasta nos da miedo. Si la Administración pagase a los transportistas, trabajaríamos como siempre».
Si finalmente, el sector se ve obligado a dejar los autobuses parados, principalmente por falta de combustible, los transportistas se verán inmersos en otro problema: el incumplimiento del contrato que tienen firmado con las administraciones. Villavieja explicó que el incumplimiento de contrato al no poder ofrecer servicio a los ciudadanos conlleva, a su vez, una sanción económica por parte de la Junta o de los consistorios. «Lo que estamos diciendo a nuestros asociados es que pidan los intereses de demora pasado un mes y ya será la Administración la que nos conteste o simplemente haya un silencio administrativo. Entonces ya veremos lo que hacemos», dijo. Otra cosa, añadió, «es que no podamos cumplir con esos contratos por la falta de gasoil o porque los trabajadores no vayan a trabajar porque no cobran y tienen derecho a cobrar».
Sobre el plan con la banca para saldar toda la deuda pública con proveedores (en torno a 35.000 millones) que estará listo «en semanas o meses» según el ministro de Hacienda, Villavieja lamentó que tarde tanto. «Hay empresas que no va a aguantar hasta el verano».