El sindicato CSI.F ha pedido la retirada «inmediata» del proyecto de empleo público de la Junta después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto a la tramitación en las Cortes de la Ley de Empleo Público, declarando nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del 14 de diciembre de 2010.

CSI.F, que ya se opuso en su día a la Ley, exige la retirada inmediata de la misma «ante las irregularidades detectadas en su procedimiento, que la invalidan completamente, al debatirse en el máximo órgano de gobierno regional un texto que obviaba las recomendaciones del Consejo Consultivo».

El sindicato mayoritario en la Función Pública de Castilla-La Mancha pide la invalidación de la Ley por las «graves acusaciones» de los jueces ante la vulneración «evidente y demostrada» del procedimiento administrativo, que llevo al Ejecutivo de José María Barreda «a ignorar el informe preceptivo del Consejo Consultivo y emitir tres nuevos informes para justificar su remisión a las Cortes».

En este sentido, el sindicato añade que las dudas que planteó en su momento quedan ahora «manifiestamente patentes» tras conocerse la «llamativa» denuncia del Tribunal Supremo y el «empeño» del Gobierno anterior por aprobar una Ley «que queda en entredicho» y que, «por salud democrática, debería ser revisada y someterse a un nuevo proceso de negociación con los representantes de los trabajadores».

Al hilo de lo sucedido con la Ley de Empleo Público, CSI.F advierte al nuevo Ejecutivo regional del «riesgo» que corre con la aprobación el martes de la Ley de Medidas Complementarias para poder aplicar el plan de ajustes. El sindicato recomienda al Gobierno regional que cumpla «escrupulosamente» la legalidad o abra un «período de negociación adecuado» para consensuar las medidas.