La tensión entre los sindicatos y la Junta de Comunidades crece por días, a una semana de la huelga convocada en todo el sector público castellano-manchego. Y es que, en estos momentos, no hay acuerdo ni para fijar los servicios mínimos.

La reunión mantenida ayer entre los representantes de la Administración y los sindicatos convocantes -todos salvo CSI.F, que se descolgó de la organización del 29-F hace unas semanas- terminó con un nuevo enfrentamiento. ¿El motivo? El mismo que en las últimas ocasiones, la parte sindical se queja de que el Gobierno regional quiere «imponer su posición, sin opción a la negociación».

Mientras que los sindicatos convocantes han propuesto los mismos servicios mínimos que se acordaron para la Administración Pública autonómica en la jornada de Huelga General del 29 de Septiembre de 2010, la Junta de Comunidades quiere, en opinión de los trabajadores, «sobredimiensionarlos».

Así, en los centros educativos la propuesta del Gobierno regional pasa por incluir en el servicio, además de al director y al jefe de estudios de cada centro, a un profesor por curso y departamento. Una petición que, según apunta Juan Carlos Illescas, de Anpe, obligaría a trabajar a 5.000 docentes de una plantilla de 30.000 durante esta jornada de protesta.

En el caso del sector sanitario, los sindicatos proponen equiparar los servicios mínimos a las plantillas previstas para los días festivos y no están de acuerdo con la petición del Gobierno de incluir también a auxiliares administrativos, que no trabajan estos días.

Además, CCOO denuncia que se ha llegado a proponer la apertura de centros «que ahora mantienen cerrados por falta de personal». «Le hemos pedido que garanticen su apertura pero no sólo el 29-F, sino todo el año».

Las razones que da la Junta de Comunidades para explicar su posición son que «en esta ocasión se prevé un mayor seguimiento de la huelga, por lo que quiere más servicios mínimos, especialmente en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, que son los más enfocados a la atención directa al público y, por tanto, donde más impacto tendrá», explican los sindicatos.

La Junta «no contesta». Y, como se veía venir, tampoco ha habido acercamiento en relación al problema de fondo de esta huelga, que no es otro que la puesta en marcha inminente del plan de ajustes. Un Plan (aprobado ayer en las Cortes castellano-manchegas) que prevé entre otras cosas una reducción media del 3 por ciento del salario de los empleados públicos de la Junta y un aumento de su jornada laboral en dos horas y media diaras, hasta las 37 horas y media semanales.

Tal y como lamenta Carmen Campoy, del área de servicios públicos de UGT, «no sabemos nada» de la Junta de Comunidades, «salvo lo que aparece en los medios de comunicación», «no contestan a nuestras peticiones de reunión».