La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado «la nulidad de pleno derecho» del acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2010, por el cual se ordenó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Empleo Público.
Así lo recoge la sentencia del tribunal regional, a la que ha tenido acceso Europa Press, que estima el recurso contencioso-administrativo planteado por la Asociación de Letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma de CLM (Aslacam) contra dicho acuerdo.
Las Cortes aprobaron el 10 de marzo de 2011 la Ley del Empleo Público con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP. Esta norma tiene por objeto regular el empleo público de la comunidad y el régimen jurídico del personal -funcionario, laboral y eventual- que lo integra.
La sentencia del tribunal regional considera una «grosería» y califica de «graves» las «infracciones procedimentales» producidas y reconoce que se incorporaron informes de manera «ilegal», se alteró el tenor del texto, y que en texto real no fue sometido al informe del Consejo Consultivo, hechos por los que se declara la «nulidad de pleno derecho según la doctrina jurisprudencia más clásica».
«En cualquier caso -dice la sentencia- lo que desde luego resulta innegable es que a cualquier observador jurídico debe producirle una sensación de perpleja desazón observar cómo despliega sus efectos en el mundo jurídico una Ley en cuyo proceso de elaboración, al menos en la fase de Proyecto, se despreciaron de forma tan flagrante las reglas legales de obligada aplicación».
De esta manera, el tribunal da la razón a la Asociación de Letrados , que afirma que el acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2010 infringe la Ley del Gobierno y Consejo Consultivo de CLM.
Además, el tribunal señala que «la Administración está conforme con la afirmación de que, legalmente, no cabe que tras la emisión del dictamen del Consejo Consultivo se emita informe alguno; y también está de acuerdo con que constan emitidos no ya dos, sino hasta tres informes posteriores». Esos tres informes reconocidos por la Junta son: uno de 29 de noviembre, del director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios; otro de 10 de diciembre, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas; y otro de la misma fecha, nuevamente del director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, añade la sentencia.
Desde el PP, se ha acuasado al expresidente regional José María Barreda de «vulnerar la ley» para elaborar y aprobar un proyecto de empleo público, «engañó» a las Cortes regionales y gobernó «de forma caciquil».